El pasado viernes 13 de febrero comenzó la implementación de una nueva fase de la Ley de Plásticos y Productos de Un Solo Uso (PUSU) en Chile, normativa que busca reducir la generación de residuos mediante restricciones a la entrega de productos desechables y el fortalecimiento de alternativas reutilizables y retornables.
La etapa incorpora obligaciones más estrictas para supermercados, restaurantes, cafeterías y otros establecimientos de expendio de alimentos, consolidando un proceso iniciado en 2022 con la prohibición de ciertos materiales y la promoción de envases retornables.
Entre las nuevas exigencias destaca la obligación de los supermercados de exhibir bebidas en botellas retornables en al menos un 30% del espacio de vitrinas destinado a bebestibles, medida orientada a fomentar un cambio en los hábitos de consumo y disminuir el uso de envases desechables.
Asimismo, la normativa prohíbe la entrega de productos de un solo uso cuando el consumo se realice dentro del establecimiento, permitiendo únicamente artículos fabricados en materiales reutilizables o biodegradables certificados, como madera, papel o cartón.
Para las ventas destinadas al consumo fuera del local, la ley establece que los comercios solo podrán entregar envases y utensilios desechables valorizables que no sean plásticos convencionales o que correspondan a plástico certificado, es decir, materiales compostables o compuestos en al menos un 20% por recursos renovables.
Además, elementos como cubiertos, bombillas, mezcladores o palillos deberán ser entregados exclusivamente a solicitud expresa del consumidor, con el objetivo de reducir el uso innecesario de estos productos.
La legislación define como productos de un solo uso a vasos, platos, cubiertos, tazas, copas, envases de comida preparada, bandejas, tapas, sachets e individuales que no estén diseñados para reutilizarse.
En paralelo, promueve el uso de artículos reutilizables dentro de los establecimientos, los cuales deberán ser utilizados múltiples veces para el mismo fin, marcando un cambio cultural que apunta a disminuir la generación de residuos en la industria gastronómica y en el comercio minorista.
Cambio cultural
Desde el Gobierno, el Ministerio del Medio Ambiente precisó que esta etapa representa un paso clave en la estrategia nacional de reducción de residuos, destacando que la normativa busca modificar gradualmente los patrones de consumo e incentivar modelos de economía circular.
La autoridad enfatizó que la implementación será progresiva y que el cumplimiento de las medidas dependerá tanto de la adaptación del comercio como de la colaboración de los consumidores.
Las inquietudes del comercio
No obstante, la entrada en vigencia de las nuevas obligaciones ha generado inquietud en el sector empresarial.
La Cámara de Comercio de Santiago manifestó su preocupación por la falta de definiciones reglamentarias sobre aspectos operativos relevantes, como la forma de calcular el porcentaje de vitrinas destinado a retornables, la interpretación del concepto de “vitrina” o los criterios que utilizarán los organismos fiscalizadores.
Según el gremio, estas indefiniciones podrían provocar interpretaciones dispares y eventuales fiscalizaciones contradictorias en distintas regiones del país.
La presidenta del gremio, María Teresa Vial, sostuvo que el sector comparte los objetivos ambientales de la normativa, pero recalcó que la correcta implementación requiere certezas jurídicas que permitan adaptar los procesos operativos de manera adecuada.
En ese contexto, la organización solicitó pronunciamientos formales tanto al Ministerio del Medio Ambiente como a la Contraloría General de la República, con el fin de obtener criterios oficiales que orienten la aplicación de la ley.
El comercio advierte que, sin lineamientos uniformes, podrían generarse dificultades logísticas y sanciones inconsistentes que afecten la operación cotidiana de supermercados y locales de alimentos, especialmente durante los primeros meses de implementación.
Aun así, el sector reconoce que la transición hacia modelos de consumo más sostenibles constituye una tendencia global que requerirá ajustes progresivos en la cadena productiva y en la relación con los consumidores.
Expertos en gestión de residuos coinciden en que el éxito de esta nueva etapa dependerá de la coordinación entre autoridades, empresas y ciudadanía. La disponibilidad de envases retornables, la adecuación de proveedores y la disposición de los consumidores a modificar hábitos de consumo serán factores determinantes para el cumplimiento de los objetivos de la normativa.
En ese sentido, la ley no solo establece restricciones, sino que impulsa un cambio estructural orientado a reducir el impacto ambiental de los residuos plásticos en el país.