En las últimas décadas, la decepción de la ciudadanía con los partidos políticos ha ido creciendo, al punto que hoy son la institución más desprestigiadas, lo que tiene que ver con factores tan diversos como la corrupción y su incapacidad por dar soluciones eficientes y a un marcado individualismo que ha volcado las preocupaciones de las personas hacia aspectos más privados, dejando de lado los temas colectivos.
Paralelamente, las organizaciones sociales no partidistas que tradicionalmente han representado los intereses de las comunidades, como las juntas de vecinos, han perdido protagonismo debido a la escasa participación.
Y mientras las organizaciones sociales tradicionales van perdiendo fuerza, grupos informales han tomado la posta abordando temáticas específicas, principalmente medioambientales, que han concitado el interés de segmentos que no se sienten representados por las antiguas estructuras.
Este nuevo empoderamiento ciudadano también se ha observado en causas como el rechazo al sistema de pensiones, la reivindicación de los derechos de minorías sexuales, la condonación de deudas habitacionales o la oposición a proyectos energéticos e industriales contaminantes, entre otros.
Lo que subyace a este fenómeno es la atomización de las organizaciones sociales, ya no con un criterio de proximidad geográfica, sino que de intereses afines, generalmente por temáticas acotadas. Es así como en Ñuble, por ejemplo, han surgido organizaciones informales que se han propuesto la defensa de ecosistemas como La Lobería de Cobquecura o el corredor Nevados de Chillán, o que se oponen a proyectos específicos, como rellenos sanitarios en Chillán Viejo, centrales termoeléctricas (Bulnes), e incluso hidroeléctricas (San Fabián de Alico).
Rara vez estos grupos llegan a conformarse de manera formal (estructura organizacional, estatutos y personalidad jurídica), porque si bien existe un compromiso con la causa de parte de sus miembros, el desarrollo de estas organizaciones en Chile aún se encuentra en una etapa incipiente.
La respuesta del Estado, hace una década, fue la creación de los llamados Consejos de la Sociedad Civil, que buscaban incrementar la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones de los servicios públicos, sin embargo, fueron un fracaso, ya que en la práctica sus integrantes nunca han logrado tener una participación efectiva en dichas decisiones y es hoy el principal factor que desincentiva a la gente a participar.
En resumen, el Estado no ha cumplido su deber de fomentar la participación para profundizar la democracia, ya sea mediante la realización de plebiscitos vinculantes, la cesión de poder de decisión a la comunidad en instancias de participación o la posibilidad de generar iniciativas de ley. De modo que sea lo que sea que ocurra el 4 de septiembre, la sociedad chilena no puede seguir anclada exclusivamente a la representación de los desprestigiados partidos políticos y demorar las reformas legales que se necesitan para reconocer y poner en todo su valor esta nueva realidad de la organización social.
