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Un impacto profundo en la estructura económica del país y en la vida diaria de muchos contribuyentes generaría la nueva Ley de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias, despachada el pasado 25 de septiembre y publicada esta semana, busca ser una medida clave en la lucha contra la evasión fiscal y la informalidad económica.
Dentro de las múltiples disposiciones que contiene la normativa, uno de los aspectos más relevantes es la obligación de las instituciones bancarias de reportar al Servicio de Impuestos Internos (SII) cuando un contribuyente reciba más de 50 transferencias en un mes o más de 100 en seis meses desde distintas fuentes. Si bien esto busca cerrar brechas en el cumplimiento tributario e identificar flujos de ingresos que podrían estar fuera del sistema formal, también plantea desafíos para ciertos sectores de la economía.
El académico del Departamento de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Concepción, Dr. Ariel Yévenes Subiabre, explicó que esta medida responde a la necesidad de formalizar actividades económicas que operan al margen del sistema tributario. “Se visualiza en la lógica de incorporar paulatinamente actividades informales hacia ámbitos de formalización”, señala, destacando que esta fiscalización busca asegurar que quienes reciben múltiples pagos cumplan con sus obligaciones tributarias.
Entre las principales ventajas de esta disposición se encuentra su capacidad para mejorar la transparencia en las transacciones financieras, dificultando la evasión de impuestos. Esto también puede incentivar a pequeños emprendedores y freelancers a regularizar sus actividades y formalizar sus negocios, lo que podría darles acceso a beneficios tributarios y mayor seguridad jurídica.
Sin embargo, el Dr. Ariel Yévenes advirtió que la medida también debe velar por evitar la sobrecarga administrativa y asegurar que las transferencias no relacionadas con la generación de ingresos comerciales sean correctamente identificadas.
La nueva norma legal, aclaró el académico, “requiere de ajustes y definiciones más precisas, que tiendan a simplificar procesos por una parte y por otra a una incorporación eficiente de actividades, toda vez que en la generalización de la medida pueden darse situaciones donde algunas transferencias no se correspondan efectivamente con actividades económicas generadoras de lucro”.
Entre las críticas que ha generado esta disposición se señala que se podrían ver afectadas personas que manejan transferencias legítimas, pero que no están relacionadas con actividades económicas, como cuentas compartidas o colectas solidarias. También puede perjudicar a pequeños emprendedores y trabajadores independientes que aún no están formalizados, quienes podrían verse forzados a pagar sanciones o multas si no se adaptan a las nuevas exigencias tributarias.
Una de las pretensiones de esta ley es incentivar la formalización de actividades económicas, pero el académico de Facea UdeC recordó que la informalidad en Chile también está vinculada a factores estructurales de la economía como las carencias en materia de inversión privada.
“Gran parte de la informalidad en la actualidad obedece más bien al estancamiento de la inversión privada de la cual la economía chilena adolece en la presente coyuntura, donde no se han logrado generar puestos de trabajo de calidad y productividad suficientes, en función del surgimiento de proyectos productivos rentables, frente a lo cual muchas personas y familias buscan generar fuentes de sustento básicas para satisfacer sus necesidades de consumo”, explicó.
Por ello, Ariel Yévenes manifestó que tan importante como regularizar las actividades económicas informales es fomentar un entorno económico que estimule la inversión y la creación de empleo de calidad.
Texto: Daniel Medina
