El martes 22 de octubre de 2019, La Discusión reflejaba en sus páginas una imagen inédita para la región: militares patrullando la ciudad, comercios cerrados, barricadas en distintos puntos y miles de chillanejos movilizados bajo una consigna que resonó en todo Chile: “No son 30 pesos, son 30 años”.
A seis años de aquel fin de semana que marcó la historia reciente del país, Ñuble revive el pulso de las jornadas en que la indignación y la esperanza se mezclaron en las calles, dando inicio a un proceso de cambios que aún no termina. Y donde otro sector político evoca el suceso como una explosión delictual, más que un anhelo de cambio social.
El viernes 18 de octubre de 2019, el país comenzó a sacudirse bajo una ola de protestas que trascendió la capital. Lo que empezó en Santiago como una manifestación por el alza de 30 pesos en el Metro se convirtió rápidamente en un estallido social que remeció las bases del Chile contemporáneo. En Chillán, las primeras concentraciones no tardaron en llegar.
Según consignó La Discusión en su edición del 20 de octubre, unas tres mil personas marcharon por el centro de la ciudad. Familias completas, adultos mayores y jóvenes avanzaron con cacerolas y pancartas por las calles céntricas.
“Estamos viviendo un momento histórico, declaró entonces Ramón Rivas. “El chileno está despertando, y eso también está pasando en regiones”, aseveró.
Maritza Herrera, una de las manifestantes, golpeaba una sartén frente a la Intendencia de Ñuble.
“Basta de alzas, no más AFP. Lo del Metro fue solo la gota que rebalsó el vaso”, dijo.
Pero al caer la tarde, el tono cambió. Frente al edificio de la Intendencia, el uso de gases lacrimógenos dispersó a la multitud tras enfrentamientos entre un grupo reducido de encapuchados y Carabineros. Las imágenes del Monumento a O’Higgins envuelto en humo se convirtieron en símbolo local del quiebre. El balance oficial: 25 detenidos, entre ellos siete menores y cuatro mujeres.
De la marcha familiar al toque de queda
El domingo 20 de octubre, las manifestaciones alcanzaron su punto más alto. Según el registro del diario, cerca de ocho mil personas se movilizaron en Chillán y Chillán Viejo.
“Estamos cansados de las mentiras, así que apoyamos en familia de forma pacífica”, decía Esteban, padre de dos niñas que asistió con sus hijas. Otro vecino, jubilado, resumía el sentir de muchos: “Voy a jubilar con 200 mil pesos. Hacía falta que pasara esto”.
Al anochecer, el ambiente se tornó tenso. Se registraron destrozos en locales comerciales, incendios menores y saqueos. El supermercado Unimarc y tiendas del centro sufrieron daños; 66 personas fueron detenidas y 10 carabineros resultaron lesionados.
La portada de La Discusión del lunes 21 de octubre titulaba: “Decretan Estado de Emergencia para Chillán y Chillán Viejo”, tras una jornada marcada por el caos y el miedo. Por primera vez desde el retorno a la democracia, la ciudad quedó bajo toque de queda.
“Anomias sociales”: el reflejo incómodo de una ciudad
El editorial de ese lunes advertía sobre la gravedad del momento. Bajo el título “Anomias sociales”, el texto señalaba: “Ayer registramos imágenes que no estamos acostumbrados a ver y que merecen una enérgica condena de toda la comunidad local”.
La Discusión diferenciaba entre “las justas protestas y el lumpen que apareció dañando el mobiliario público”, pero también reconocía el trasfondo del descontento. “Nos costó demasiado recuperar la democracia -decía el texto- como para que la legítima protesta social sea coaptada por sectores que avalan la violencia”.
A la vez, La Discusión hizo autocrítica al rol de los medios y la propagación de noticias falsas, destacando la importancia de la información verificada en tiempos de incertidumbre.
Testimonios del dolor y la rabia
Entre las páginas interiores del diario, los testimonios locales retrataban la tensión de esos días. “Nos sumamos por justicia, no para destruir”, afirmaba un profesor del sector oriente. En tanto, una comerciante de calle 5 de Abril, que perdió su local durante los disturbios, confesaba: “Más que la pérdida, me duele la rabia que hay detrás de todo esto. Uno siente que la gente no aguanta más”.
El intendente de entonces, Martín Arrau, defendía el accionar policial y pedía no confundir las legítimas demandas sociales con la violencia. En tanto, dirigentes locales llamaban al diálogo. La presidenta regional del PS, Gina Hidalgo, esgrimía: “faltaron voluntades políticas para avanzar en las demandas que hoy están gatillando este estallido”.
Una región que también cambió
El exobispo de Chillán, Sergio Pérez de Arce, pedía entonces “no tener miedo del dolor social, pero sí de la violencia que destruye al hermano”. La Universidad del Bío-Bío convocó a jornadas de reflexión y las organizaciones sociales comenzaron a articular sus primeras asambleas territoriales.
Con el tiempo, ese impulso ciudadano se canalizó en el proceso constituyente que, aunque fallido en dos plebiscitos, dejó instalada la demanda por mayor justicia social y descentralización.
Hoy, seis años después, Ñuble recuerda aquellas jornadas con una mezcla de orgullo y desazón. Las causas que movilizaron a miles -pensiones indignas, bajos salarios, deuda educativa, salud precaria- siguen siendo parte del debate público.
En la memoria regional, el estallido no fue solo un eco de la capital: fue también la expresión de una identidad que exigió ser escuchada.
