Desde el año 2016 que en Ñuble se ha lamentado la muerte de siete mujeres en mano de sus esposos, parejas o exconvivientes. Femicidios que se han registrado en las comunas de Chillán, Coihueco, Pemuco, San Ignacio, Trehuaco, Quillón, y el último, afectó a Carolina Fuentes, en Ninhue.
Aunque no en todos estos casos, sí en varios de ellos, como en otros que han terminado en femicidios frustrado o con mujeres gravemente lesionadas, se detectó que el agresor ya contaba con una orden judicial de alejamiento. La que evidentemente se incumplió.
La medida cautelar de no acercarse a la víctima, que prácticamente queda a merced del propio imputado el velar por su cumplimiento, ha sido por años cuestionada por víctimas y autoridades, por lo que desde entidades como el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, el Sernameg, o del propio Ministerio de Justicia están muy pendientes del camino que pueda tomar el proyecto de ley que busca que a los imputados por violencia intrafamiliar, a quienes se le imponga la cautelar de no acercarse a sus víctimas, se le pueda instalar una tobillera electrónica de monitoreo telemático desde el momento en que se le aplica la medida preventiva y no después de una condena, como sucede hasta la fecha.
“El temor y la principal cuestionamiento que siempre hacen las mujeres que son víctimas de episodios de violencia intrafamiliar es sobre la efectividad de la cautelar de prohibición de acercarse, creen que no sirve, que nadie realmente controla que se respete”, dice la seremi de Justicia de Ñuble, Jacqueline Guíñez.
La seremi advierte que la Ley de Violencia Intrafamiliar (VIF) “desde su creación cuenta con facultades especiales como la posibilidad de aplicar medidas sancionatorias, como la expulsión del hogar o la prohibición de acercamiento de los agresores, incluso desde el momento en que esta persona es formalizada sin necesidad de esperar un juicio”. Y por la misma razón, esta nueva disposición no podría ser discutible en el Tribunal Constitucional, instancia que, por ejemplo, sí echó al suelo la posibilidad de decretar prisión preventiva para aquel conductor que causara un accidente fatal, estando bajo efectos del alcohol.
Tal como operan las tobilleras que, desde 2014, ya se han instalado en la Región a cerca de 47 condenados por delitos como conducir en estado de ebriedad, desacato o hurto, su monitoreo es rastreable con un chip de celular desde una central, por lo que si un usuario la rompe, se la logra sacar, ingresa o sale de un radio determinado, la tobillera envía una señal a la central.
Eso no solo permitirá que se de cuenta a Carabineros y a la víctima, sino que “también se informa a tribunales para que esta persona vuelva a ser formalizada, arriesgando incluso sanciones mayores”, detalló la seremi de Justicia.
Solo en lo que va del 2021 en Ñuble se ha formalizado a 48 personas por el delito de desacato, siendo más del 90% de las causas relacionadas con prohibición de acercarse a víctimas de VIF.
1.519 casos en Ñuble
La seremi de la Mujer, Bárbara Hennig, dice ser testigo del “miedo que las mujeres tienen a que sus parejas, que tienen de prohibición de acercarse, incumplan esas medidas y se les vayan a meter a la casa, es pan de cada día. Hoy existe un botón de pánico que usan las víctimas, pero lo cierto es que no son tan eficientes, además, creemos que son los victimarios quienes deben portar un dispositivo preventivo, y no las víctimas”
Pero también hace referencia a la necesidad de que las mismas víctimas colaboren con el cumplimiento de las medidas, porque “muchas veces ellas los dejan volver, intentan reiniciar la relación, y al final se vuelve a caer en lo mismo”.
En 2020 hubo 1.519 denuncias por violencia intrafamiliar en Ñuble. 12 de ellas por lesiones graves, 232 por maltrato habitual y 78 por amenazas de muerte.
Y hasta marzo de este año, las denuncias eran 114, de los cuales 12 fueron por lesiones graves.
Bárbara Hennig reiteró que el fono de orientación 1455 “ha sido de gran ayuda y las llamadas aumentaron cerca de un 150% en 2020 y la tendencia se mantiene al alza”.
