Joaquín, el hijo de 5 años del entonces director del desaparecido Canal 10 de Televisión perteneciente al Instituto Profesional de Chillán (hoy, la UBB), soltó la mano de su padre, Norman Ahumada, y corrió a la entrada de su casa y miró tras la puerta de la mampara de acceso, en la calle 18 de Septiembre.
“¿Qué pasa? ¿Qué estás buscando?”, le preguntó extrañado su papá. “Quería ver si había una bomba”, le respondió, dejándolo perplejo…
Lejos de ser producto de un exceso de videojuegos violentos, que para entonces -1987- no eran tan comunes, lo que sucede es que desde su casa, en el centro de la ciudad, ya se habían escuchado, a lo menos, cuatro explosiones en las últimas semanas de ese invierno.
[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”Leer más” collapse_text=”Menos” inline_css=”width: 100%” ]Una, que hizo desaparecer un banco de madera en la Plaza de Armas; otra que reventó una ventana y sus protecciones en el costado de 5 de Abril, del edificio de la entonces Gobernación de Ñuble; otra cerca del desaparecido Banco Concepción, en calle Constitución; y otra, cerca del Gran Hotel Isabel Riquelme.
Eran, claro está, otros tiempos. Con Augusto Pinochet en la presidencia y la presencia de diversos grupos armados y opositores a su dictadura.
El niño, como todos los chillanejos, vieron también o en el mismo Canal 10, o escuchado en las radios locales o leído en La Discusión, sobre otros bombazos que se consumaron o se frustraron por esas mismas semanas. Uno que botó una torre de alta tensión, camino a Cato, y uno que se alcanzó a desactivar por parte de Carabineros, en la Catedral de Chillán.
Y la historia de los bombazos de 1987, nuestra única referencia al terrorismo en la comuna por parte de grupos subversivos, cobró dos víctimas fatales. Hecho que también cubrió el canal, las radios y La Discusión, porque en efecto, lograron infundir cierto temor en los vecinos, nada habituados a ese tipo de actos.
“Siempre me quedó la impresión de que esa bomba en particular, que destrozó completamente una casa en la población Ferretera, fue producto del terrorismo de Estado que había esos años”, comentó el abogado y exalcalde de Chillán, Aldo Bernucci.
Dos jóvenes de 19 y 20 años, quienes pertenecían a uno de estos movimientos subversivos, manipulaban el artefacto que debían instalar en el centro, cuando sorpresivamente estalló destrozándolos en incontables partes a ellos y a la casa que arrendaban.
“Me tocó asumir la defensa de un tercer joven que estaba involucrado, porque fue algo que me solicitaron desde el Obispado, que era donde estaba trabajando en esos años, principalmente en causas relacionadas a los Derechos Humanos”, explicó, “y lo que me parece que fue que ocurrió es que ellos tuvieron contacto con dos personas que eran de la DINA (la entonces Dirección de Inteligencia Nacional), quienes lograron infiltrarse en esta facción a la que pertenecían estos jóvenes y les pasaron esa bomba, sabiendo que les iba a estallar antes de lo que les dijeron”.
Bernucci, quien siempre -antes y después de ese evento- vivió en Chillán, siendo incluso jefe comunal hasta la llegada del Siglo 21, aseguró que “nunca más hubo ni en la ciudad, ni en toda la región nada significativo que pudiésemos calificar como terrorismo”, para rematar con un “no, hasta ahora, con lo que supimos que pasó en Cobquecura con este ataque incendiario”.
Despertar de un largo sueño
De exagerado no tiene absolutamente nada decir que Chillán, en materia de seguridad y tranquilidad, dejó -drásticamente- de ser lo que era hasta hace menos de cinco años.
Cada vez que asumía un nuevo prefecto de Carabineros o de la Policía de Investigaciones, el discurso era siempre el mismo: “Chillán es una ciudad maravillosa, acá uno no ve casas enrejadas, se puede salir tranquilamente en las noches y sé que en algunos barrios, los niños dejan sus bicicletas afuera de las casas y al otro día, amanecen ahí mismo”.
Ya nadie se acordaba de las bombas de los 80.
Hoy, en cambio, el discurso de las autoridades es otro. Siempre dicen que “asumen un desafìo” y buscan estar conscientes
de todos los problemas que acosan al comercio en cuanto a robos; al narcotráfico en los barrios periféricos y en espacios públicos cercanos a escuelas, colegios y liceos; de la presencia de armas de fuego en manos de bandas organizadas, del robo industrial de madera y de cables de cobre.
Hablan de un comercio ambulante ilegal desatado y de la necesidad de prevenir que la población escolar no acceda con tanta facilidad al alcohol, a las drogas y a los fármacos que, por cierto, los consiguen en todos lados.
Chillán tiene miedo. Si eso no es así, cómo se explica la tensión que generó el video de la autodenominada “Mafia del Norte”, que se hizo viral en las redes sociales locales, en una semana que lamentó los últimos tres de los 16 homicidios que se cuentan en la Región (cifra récord en su historia) y que la palabra “extranjeros” se haga cada vez más frecuente en noticias como asesinatos, tráfico de drogas o robos violentos de vehículos.
Dejó de ser tabú
“Terrorismo” y “cobardes”. Ambas palabras pronunciadas por el presidente de la República, Gabriel Boric,
rompieron el paradigma, de negar que lo que se vive en la zona de conflicto mapuche es terrorismo. Negarlo, al menos desde la testera del Gobierno.
Casi como si fuese un conjuro, la verbalización de ambos conceptos liberó de la censura autoimpuesta a las autoridades locales, quienes ahora ya no ven impedimento en decir “terrorismo” cuando lo hay y así atinar con el diagnóstico correcto antes de recetar el remedio adecuado.
“Aún no podemos decir si lo de Cobquecura fue delincuencia o vandalismo. Pero no por desconocer una forma determinada de actuar, sino que aún debemos esperar los resultados de un peritaje técnico que demuestre que esto se trató de la obra de un grupo que se adjudique el haber quemado ese camión, a nombre de una causa específica”, dijo el delegado presidencial, Gabriel Pradenas.
Nos recibe en su oficina, sentado en su escritorio donde despliega su agenda en una página que tiene apuntes con lápiz de pasta respecto a los cuatro ejes de acción con las que espera abordar esta nueva realidad delictual de la Región, que lejos de desconocer o bajarle el perfil, admite que junto con el Trabajo y la Salud, la Seguridad, forman la Santa Trinidad de lo que espera sea su gestión.
Admite que el atentado del sector de El Tollo, en Cobquecura, causó conmoción en la región.
“El viernes pasado estuve en una reunión en La Moneda, y el Presidente Gabriel Boric definió cuatro pilares fundamentales para poder atacar la inseguridad, a través de la Subdere y la Subsecretaría del Interior y la Subsecretaría de Prevención del Delito, que tienen una táctica y una estrategia asociada a estos pilares. El primero es atacar al crimen organizado, el segundo es la recuperación de los espacios públicos, mejorar la regulación migratoria y, un cuarto punto, relacionado con emergencias y desastres”, enumeró el delegado.
Otro punto de la estrategia es coordinar trabajos con Biobío, porque “algunas bases científicas que nos brindan elementos de prueba, están todavía en esa región;nosotros tenemos que hacer una avanzada política para poder mejorar las condiciones de las dotaciones y las competencias en Ñuble, para no seguir dependiendo de Biobío”.
Otra medida de la Delegación será coordinar apoyo para que los municipios puedan presentar proyectos de seguridad, a través de la Subdere. “Buscamos que los municipios más grandes puedan ayudar a los más chicos, de esa manera, lograr que se articulen porque la delincuencia se desplaza hacia otros lugares, entonces, la idea es que esto no siga ocurriendo”, añade.
Respecto a lo de Cobquecura, Pradenas dice que le preocupa “el formato” del ataque.
“Creo que es tarea de la Subsecretaría de Prevención del Delito, a través de patrullajes de impacto, de tareas de prevención, de articularse con las policías en rutas y en los focos críticos. Carabineros, a través de su Sistema Táctico Operativo Policial (Stop), tiene muchos datos como para poder planificar los esfuerzos por comuna y por sector. Sin embargo, creo que a esto no se le ha sacado el partido suficiente en la región, porque no todos son buenos intérpretes de datos. Por lo demás, me gustaría ver más presencia de los alcaldes en esta línea de focalización”, añadió.
Lo anterior porque, aunque algunos jefes comunales tienden a criticar la falta de trabajos preventivos, muchos de ellos ni siquiera asisten a las reuniones de seguridad.
En cuanto a los asaltos cotidianos que ha sufrido el rubro gastronómico, especialmente en la avenida Argentina, el delegado, junto a la PDI y Carabineros, se reunió con los locatarios; “y con la general María Teresa Araya, determinamos que era imperativo comenzar ese mismo día con las fiscalizaciones, desde la avenida España hasta Gamero. Fuimos con el contingente reforzado para aumentar los controles, la vigilancia y la fiscalización. La ronda se extendió hasta las cuatro de la mañana, trabajamos con las cámaras que tenemos disponibles y la idea es que esto se mantenga, especialmente los días críticos”, aseguró.
Enlaces con ambas policías y con la Fiscalía, coordinación con las municipalidades, reuniones con vecinos y representantes del comercio. La seguridad, para el delegado, no sólo obedece a una exigencia presidencial, sino que “estamos realmente preocupados, en especial por la forma en que se están cometiendo los delitos hoy en día”.
Por eso, cuando se le pregunta por el atraso que lleva el proyecto de las 200 cámaras para Ñuble que son de responsabilidad del Gobierno Regional, evita entrar en conflicto con esa entidad y dice que “es un gran anhelo para nuestra región”.
Fue en agosto pasado que la Contraloría Regional devolvió el proyecto con nuevas observaciones. Desde el Gobierno Regional anunciaron que en las próximas semanas se ingresará con las correcciones hechas y de esa forma, si no hay nuevos traspiés, en diciembre llamar a licitación.
“No queremos más reuniones”
Si hay una frase de las que los gremios del rubro gastronómico ya parecieran estar hartos, es la de “mesa de trabajo”.
July Llevul, presidenta de la asociación gremial del rubro gastronomía y entretención de Chillán (Gayen), organizó la semana antepasada una marcha en contra de la delincuencia, con antecedentes como la existencia de locales que han sido robados decenas de veces este año; que el 80% de los locales ya ha sufrido a lo menos un robo; las amenazas constantes a los trabajadores y el que incluso hayan encañonado a una niña de tres años para intimidar a los clientes de un pub.
“No queremos más reuniones, queremos que hagan la pega. Nos pidieron rejas y las pusimos, nos pidieron alarmas y las pusimos, nos pidieron cámaras y las pusimos, ahora ya puse cerco eléctrico. No podemos dar solos la pelea contra la delincuencia”, dijo.
La reacción fue inmediata. El fin de semana pasado y el actual hubo rondas y fiscalizaciones hasta las 4 de la mañana en sectores como la avenida Argentina y se espera que mañana lunes, Carabineros entregue el balance. Pero en ese informe ya se adelanta un homicidio más, el de un hombre asesinado con arma blanca por una mujer en el Paseo La Merced, a las 14:30 horas de ayer.
Alejandro Lama, presidente de la Cámara de Comercio de Chillán, se reunió la primera semana de este mes con el director de Carabineros, general Fernando Yáñez, a quien le pidió más contingente para la comuna. “Me dijeron que no había, que en todo el país están pidiendo lo mismo”, lamentó el personero.
Militares en la frontera
El video de la “Mafia del Sur” no pudo haber funcionado mejor como experimento social. Si alguien quería saber qué tan sensible está la piel en Chillán respecto a la delincuencia, ahí tiene la respuesta.
Un video grabado por tres (dos en pantalla) venezolanos con armas y una granada aseguraban haber venido del norte exclusivamente a Chillán para cobrar venganza en contra de dos delincuentes locales (presos hace cinco meses), conocidos como el “Nico Chico” y el “Shimano”. Aseguraban que venían de cacería y que iban a reventar a todo el que se les atravesara.
Se viralizó. No hubo quién no lo viera y las exigencias de la ciudadanía para que se aclarara el hecho se mezcló con morbo y una histeria similar a la que se vivió tras el terremoto del 2010 y la fuga de 240 reos de la cárcel. Al poco tiempo, la gente en redes sociales acusaba que habían violado, asesinado familias completas y asaltando villorrios desolados. Todo falso, claro.
Tan falso, como las decenas de llamados que recibió ese día la PDI y Carabineros asegurando que la Mafia del Norte andaba en la población Los Volcanes, Lomas de Oriente, Vicente Pérez Rosales, Rosita O´Higgins, Doña Francisca y hasta en Coihueco. En ocasiones, al mismo tiempo.
Pero el miedo al inmigrante ilegal, sencillamente, hoy no se puede desconocer.
Incluso, el exsenador y exconstituyente Felipe Harboe, quien además fue subsecretario del Interior, dijo que ya era hora que el Ejército tomara el control de las fronteras terrestres.
“El nivel de descontrol de la inmigración irregular y sin identidad es de tal magnitud que los tipos se fueron a esconder a comunas chicas para que no los agarren en las comunas grandes y porque saben que la PDI tiene menos funcionarios que la policía migratoria”, comentó.
Acusando que hay toda una industria de traslado de inmigrantes ilegales y que incluso ha escuchado que luego que en el Gobierno de Sebastián Piñera, el mandatario llamó a los venezolanos a migrar a Chile, “y algunos dicen que Maduro abrió algunas cárceles para mandarlos a Chile”.
Por tanto, concluye que “llegó la hora de replantearse el control fronterizo y terminar con los complejos y los prejuicios. Así como la Armada de Chile tiene el control marítimo, yo creo que ha llegado la hora de que el Ejército tenga el control fronterizo”.
Hasta hoy, ninguna figura de gobierno ni de la política en general ha salido a criticar sus dichos.
[/bg_collapse]
