La mirada privada de largo plazo está fuertemente restringida por el valor presente de los flujos de caja. En este ámbito, es usual que iniciativas que tienen un alto potencial para el desarrollo de las regiones del país, quedan sistemáticamente postergadas por aquellas que reportan un menor desarrollo territorial, pero con mayor valor presente de los flujos.
Para reflejar este fenómeno, analicemos el siguiente ejemplo: Dos proyectos mutuamente excluyentes, compiten entre sí. El primero está conformado por 10 flujos que decrecen linealmente, el primer flujo es 100 y el último es 10; el segundo proyecto queda caracterizado por 10 flujos que crecen linealmente, el primer flujo es 20 y el último es 200. En un horizonte de 10 años, el segundo proyecto es preferido al primero. Si se alarga el período en 10 años adicionales, y cada proyecto es representado por flujos bianuales, para una tasa de interés efectiva anual superior al 6,3%, la decisión cambia; el primer proyecto pasa a ser más atractivo para el inversionista… pero no necesariamente para el interés público.
Durante 40 años, el Estado ha confiado el destino económico del país a las decisiones privadas. El paradigma mayoritariamente aceptado por la sociedad, salvo casos muy excepcionales, es la no intervención pública en el ámbito de la evolución de los mercados. La política fiscal para el desarrollo de la industria chilena, principalmente se ha limitado a generar una batería de incentivos tributarios y/o de medidas de protección social para las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, las grandes transformaciones de la matriz productiva, se mueven a su propio ritmo y son el resultado de la decisión racional de los privados de privilegiar el retorno sobre la inversión (ROI).
El D.L. 701, por ejemplo, tuvo como objetivo impulsar el desarrollo forestal. No son pocos los que responsabilizan a dicho Decreto por el alto nivel de concentración de mercado que registra la industria. Sin embargo, el laissez faire de la política pública en materia de decisiones privadas, favoreció la apropiación de la cadena de valor de la industria, causa basal para la consolidación de las dos grandes empresas que operan en el sector.
Siguiendo la lógica del ROI, la atracción de inversiones para el desarrollo agroindustrial de Ñuble sería posible si y solo sí el Estado propiciara que las empresas se apropiaran de la cadena de valor. En la práctica, significaría el exterminio de la población rural, como ocurrió en las tierras agrícolas que fueron adquiridas para formar el patrimonio forestal de la industria de la celulosa.
Este comportamiento tiene efectos macroeconómicos de largo plazo, toda vez que el país no aprovecha su potencial de oportunidades de crecimiento, dejando a millones de chilenos y chilenas marginados de los beneficios del crecimiento económico.
Para salir de este círculo vicioso, se requiere de una política pública que tenga una clara y definida voluntad de mirar el futuro de la actividad agrícola con una visión de largo plazo. En este sentido, el Estado debiese invertir en aquellos sectores con potencial de desarrollo, donde los privados hoy día no invierten. Esta mirada de largo plazo, que hoy no está vigente en el ámbito de la política pública, es la llave para abrir la puerta al desarrollo de la actividad agrícola de Ñuble y su gente.
