La propuesta de la Comisión de Justicia de la Convención Constituyente respecto a sustituir la figura de un Fiscal Nacional, por la de un Consejo Superior, que estará compuesto por siete funcionarios con asiento en Santiago, ha recibido múltiples críticas desde el mundo de la docencia del Derecho Penal, como de abogados expertos en la materia y de exfiscales, principalmente por los riesgos que se avizoran de crear un órgano que pierda su autonomía, influenciable, politizado y burocrático.
Hasta la semana pasada, los fiscales regionales del país habían guardado silencio, sin embargo como cuerpo colegiado hicieron una carta –a modo de propuesta- a los constituyentes, en la que se especifican las observaciones más críticas. Una de las firmantes, fue la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla, quien en conversación con LA DISCUSIÓN, plantea con ejemplos locales, los efectos que el cambio en la estructura jerárquica podría generar para la comunidad.
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En primer lugar, se hizo cargo de la crítica respecto que la figura del Fiscal Nacional no está sujeto a responder por sus determinaciones, y dice que “la existencia de un consejo, pone a la ciudadanía en una disyuntiva, porque la gran crítica que se le ha hecho al Ministerio Público es el excesivo poder del Fiscal Nacional, la personalización de sus decisiones y el que no se pueda obtener responsabilidad respecto de esta persona. Si usted pone ese mismo cargo en siete personas, será mucho más complejo perseguir responsabilidad, porque ésta se irá diluyendo”.
Sin embargo, para la cabeza del ente persecutor local, una de las dudas más grandes reposa sobre la vulnerabilidad que puede tener respecto a influencias externas la confección de este Consejo Superior, sobre todo, en un país donde los delitos de corrupción han ido en aumento.
Sólo en Ñuble, hay vigentes un total de 116 causas por corrupción, de ellas 78 son de Chillán.
“De los siete integrantes que tendrá el consejo, tres son fiscales adjuntos que serán elegidos por sus pares, por lo que habrá una campaña electoral al interior de la Fiscalía, y no le quepa la menor duda que va a ser política. Y a nosotros nos preocupa qué intereses políticos o de otras índoles como empresariales o de narcotraficantes estarían tras el financiamiento de esas campañas”, critica la abogada.
Añade, luego que, “con el otro funcionario, también va a pasar lo mismo; y los otros tres, los va a elegir el Congreso, a propuesta de una terna de alta dirección pública. O sea, político, de nuevo.
El riesgo, evidentemente, es que si el Ministerio Público se politiza perderá toda la objetividad para investigar”.
Evaluación a distancia
A su llegada, como fiscal regional, hubo diversos enroques de jefaturas –algunas de ellas resistidas y hasta apeladas a instancias superiores- en Ñuble. Y a uno de los fiscales jefes de la región, se le expulsó de la Fiscalía, por irregularidades en su cometido.
Sin embargo, ese tipo de decisiones, con este nuevo proyecto, podrían no haber ocurrido, ya que no sería en adelante, la Fiscalía Regional quien evalúe a los funcionarios, sino este Consejo Superior.
“Si yo califico a los funcionarios de mi región, es porque evidentemente yo sé cómo se desempeñan, pero resulta que ahora el fiscal regional no podrá calificarlos, sino que un consejo que además, tendrá un marcado perfil político. Esto es todo lo contrario de lo que propuso la Convención, que apuntaban a una pérdida del centralismo”, apunta la regional.
Criterios individuales
Otro factor de cuidado: Aunque la fiscal dice no compartir la opinión de quienes censuran el que un fiscal adjunto haga toda su carrera en una misma comuna, o que incluso sea nativo del lugar, por lo que es evidente que su tejido social, escolar, vecinal y recreativo forme parte del mismo objeto de fiscalización, sí recela de que ahora se pretenda que además, cada fiscal sea autónomo en sus decisiones.
“Se confunde la autonomía del Ministerio Público, con la autonomía que pueda tener cada fiscal. Lo que pretende la Comisión de Justicia es que cada fiscal decida lo que quiera ante una determinada causa. Por ejemplo, si yo como fiscal de Chillán decido que no persigo más los manejos en estado de ebriedad, sencillamente no los persigo más. Y aquí, sin dudas hay un enorme riesgo de que haya manipulaciones y se pone el riesgo de la persecución penal del país”.
Finalmente, llama la atención que se cree además una segunda cabeza; el Comité Asesor, que es otra unidad distinta al Consejo Superior, pero que fijará las políticas de la persecución penal.
“No digo que el Ministerio Público no requiera de cambios, ni que nunca cometamos errores, pero el camino para contar con una entidad más eficiente, a nuestro entender, no pasa por centralizarlo, burocratizarlo, ni menos dejarlo vulnerable a presiones externas”, finalizó.
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