La comisión de Normas Transitorias de la Convención Constitucional concluyó ayer la segunda votación de los artículos que buscan generar una transición entre Constituciones, en caso de que gane el Apruebo en septiembre, normas que tendrán una última oportunidad en el Pleno el próximo martes 14 de junio.
Tras el acuerdo alcanzado por colectivos de izquierda, la instancia aprobó por 24 votos a favor y 8 en contra la norma para establecer un quórum de 4/7 para reformar la nueva Carta Fundamental hasta 2026, junto con el mecanismo de referéndum ratificatorio para materias relativas a sistema político, forma de Estado, derechos fundamentales, mecanismos de reforma y reemplazo a la Constitución o a los capítulos de Naturaleza, Medioambiente y de Disposiciones Transitorias.
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Esto, luego que no generara consenso en el Pleno la propuesta original de los 2/3, la cual causó controversia en diversos sectores políticos por supuestamente imponer una Constitución “pétrea” e igualar los mismos cerrojos que ha tenido la actual cartamagna.
También fue visada la indicación que persiste en poner fin al Senado en marzo de 2026 (lo que acortaría el período de la mitad de la Cámara Alta en cuatro años), institución que será reemplazada por la Cámara de las Regiones.
“La legislatura ordinaria iniciada el 11 de marzo de 2022, terminará el 11 de marzo de 2026. Las y los actuales integrantes del Senado terminarán sus mandatos el 11 de marzo de 2026 y podrán postular a las elecciones para el Congreso de Diputadas y Diputados y Cámara de las Regiones que se realizará en noviembre de 2025”, sostiene el artículo.
“De ser electos en los comicios celebrados en 2025 para ejercer como representantes regionales en la Cámara de las Regiones, se reputará dicha legislatura como su primer período en el cargo. Los representantes regionales que integran la Cámara de las Regiones serán electos, por esta única vez, para ejercer sus cargos por el término de 3 años”, agrega.
La comisión modificó también la norma que apuntaba a la creación de una comisión para la Implementación de la Constitución, sustituyéndola por un Consejo de Implementación de la Nueva Constitución.
Según plantea el nuevo artículo, este organismo “tendrá una integración paritaria, con pueblos indígenas, representación regional, además de personas de idónea preparación profesional y técnica, respetando criterios de pluralismo político y contemplando participación popular”. Asimismo, dependerá administrativamente de la Secretaría General de la Presidencia, y funcionará por un plazo de tres años, el que podrá ser prorrogado para cumplimiento de sus funciones encomendadas.
Jueces y TC
La comisión aprobó también ayer, por 25 votos a favor, una transitoria que establece que el cese de funciones a los 70 años de edad de los jueces no será aplicable a quienes ya estén en el escalafón primario del Poder Judicial al momento de entrar en vigencia la Constitución.
Sobre el Tribunal Constitucional, la norma que logró avanzar al pleno sostiene que éste no podrá conocer nuevas causas, y todos los requerimientos de inaplicabilidad que tenga pendientes deberán ser fallados por el órgano en seis meses desde entrada en vigencia la Constitución. Luego de ese plazo, el TC se disolverá y traspasará a la Corte Constitucional sus bienes, derechos y obligaciones, que deberá instalarse dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia de la cartamagna.
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