Señor Director:
A medida que transcurre inexorable el curso de la historia, se extingue y va quedando en el olvido el mito de la pretendida excepcionalidad chilena. Crecimos escuchando que en Chile no podría ocurrir un golpe de Estado ni instaurarse un gobierno dictatorial; después, nos repitieron hasta la majadería que el nuestro era un país sobrio y honesto, y más recientemente, han intentado convencernos de que Chile es un país seguro, o “bastante seguro”, como afirmó hace unos días la vocera de gobierno.
La realidad desmiente todo lo anterior; hace más de 50 años sufrimos un golpe de Estado, al que siguió, por casi 17 años, un gobierno con características de dictadura; en los últimos lustros hemos presenciado escándalos de corrupción tanto en el sector público como en el ámbito privado, y, más recientemente, observamos cómo nuestras ciudades, plazas y barrios se convierten en escenario de la delincuencia dura, crímenes y asesinatos que en importante medida también castigan a niños. Para encarar estos problemas, la primera condición es reconocer que ellos existen, que no son un invento de los medios, que son una realidad bien arraigada en nuestro país, que afecta la vida cotidiana y la tranquilidad de millones de personas.
Pero cuando las autoridades de gobierno encargadas de la seguridad y las comunicaciones, se solazan despreocupadamente planteando que en Chile no sucederán hechos delictuales como los que han sacudido a países hermanos, que nuestros niveles de inseguridad y delincuencia aún no revisten la gravedad que tienen en otras naciones, o que, a pesar de todo, seguimos siendo un país seguro, claramente se está errando el camino por temor a reconocer que las políticas de seguridad sencillamente han fracasado.
Cabe preguntarse, en qué radica ese fracaso, y podrían buscarse y desarrollarse muchas respuestas. En todas hay un elemento común: los actuales gobernantes tienen complejos frente a la seguridad y no son creíbles en estas materias, porque en años recientes incitaron sin ambages al desbordamiento violento de la institucionalidad, y también porque en su estrecha visión de mundo conceptos como “orden público”, “seguridad” y “tranquilidad” son de derecha.
Gustavo Adolfo Cárdenas Ortega
Abogado
