La Corte Suprema expresó este martes su “preocupación” por el recorte de más de 17.000 millones de pesos al presupuesto del Poder Judicial, enmarcado en la disminución general del gasto público para este año, que fue parte del acuerdo político para aprobar el erario fiscal para 2025.
Fue el presidente del máximo tribunal, Ricardo Blanco, el encargado de expresar este malestar a través de una declaración pública del Pleno que leyó esta tarde en el Salón de Honor del Palacio de Tribunales.
Esto se suma a la controversia que generó el fin de semana el recorte de 7.064 millones de pesos al presupuesto del Ministerio Público, hecho que se da en plena crisis de seguridad y que generó duros cuestionamientos del fiscal nacional, Ángel Valencia.
Estas rebajas de recursos se enmarcan en un recorte global de 544.000 millones de pesos anunciado de manera general por el Gobierno, el que surgió de un protocolo de acuerdo suscrito en el debate de la Comisión Mixta de Presupuestos del Congreso, para lograr un consenso que permitiera destrabar la aprobación de glosas y partidas del erario fiscal para 2025.
“El pasado viernes 10 de enero se tomó conocimiento de la rebaja originada por el acuerdo entre el Congreso y el Ejecutivo en el contexto de la discusión de la ley de presupuestos del año 2025. La materialización de esta rebaja implica para el Poder Judicial reducir su presupuesto ya aprobado en la ley 21.722, ‘Ley de presupuestos del Sector Público’, correspondiente al año 2025, en un monto global de 17.395.256.000 pesos”, señaló la Suprema en la declaración leída por Blanco.
El texto especificó que esta rebaja se distribuye en distintas partidas. “En lo referente al Subtítulo 21, Gastos en Personal, la disminución señalada tendrá un fuerte impacto en el funcionamiento operativo de tribunales, los cuales en la actualidad presentan una importante sobrecarga laboral producto de la implementación de nuevas leyes sin fortalecimiento de la dotación de personal, incremento de la población, nuevos delitos, entre otros factores”, apuntó.
“La actual situación de carga implica que los tribunales trabajen al límite de sus capacidades de atención, tramitación y resolución, lo que hace especialmente relevante poder mantener la continuidad ante ausencias, especialmente de jueces, empleados y otros cargos críticos”, añadió el documento.
