“Uno de los puntos neurálgicos del problema del bienestar en Chile son las desigualdades en la distribución de las oportunidades entre las personas”.
La región de Ñuble reúne a casi 500 mil almas con sueños y aspiraciones. Los menos navegan en un mundo de oportunidades, los más conviven a diario con la frustración. El bienestar social es un término que invoca el esfuerzo del Estado y la atención de los mundos privado, político y social. Sobre dicho bienestar existen múltiples mediciones e interpretaciones.
Por ejemplo, para el período 1990 – 2020 se dan opiniones contrapuestas. Respaldados en una fuerte caída del índice de pobreza por ingresos y un crecimiento económico sostenido, hay quienes postulan que el bienestar de la población aumentó de manera progresiva durante el período. En la otra vereda, el aumento sostenido del nivel de endeudamiento y la creciente brecha de ingresos de los hogares, es argumento suficiente para afirmar que el mencionado aumento de bienestar es una mera ilusión.
La gigantesca marcha del 25 de octubre de 2019 dio la razón a esta última mirada. El fenómeno generó una fuerte presión sobre el foco del gasto social e hizo replantear la necesidad de afinar la medición del indicador de bienestar. Fue así como en octubre de 2021, la Subsecretaría de Evaluación Social publicó los “Principales resultados de la Primera Medición del Bienestar Social en Chile”. Para dicha medición, se consideraron once componentes, a saber: trabajo; ingresos; educación; balance vida y trabajo; salud física y mental; relaciones sociales; compromiso cívico y gobernanza; calidad del medio ambiente; vivienda; seguridad personal; y bienestar subjetivo. El informe concluye que “uno de los puntos neurálgicos del problema del bienestar en Chile, y que atraviesa a las once dimensiones y a los aspectos decisivos del bienestar, son las desigualdades en la distribución de las oportunidades entre las personas”.
Es decir, la orientación de la política social vigente en Chile agrava el problema. En efecto, la lógica de los organismos públicos y las organizaciones sociales es administrar la pobreza. Esto significa una batería de subsidios y de ayuda social que generan un modelo de clientelismo social. En este ambiente, se incuban relaciones formales de intercambio recíproco y mutuamente benéfico de favores entre los hogares pobres y los intermediarios con facultad de distribuir los recursos. La relación está basada en una amistad instrumental y desigual, entre un benefactor delegado y un beneficiado. El benefactor recibe recursos públicos para ser transferidos al beneficiado, los cuales fluyen en la medida que el beneficiado siga cumpliendo los requisitos que fija la condición de pobreza. De acuerdo con estudios disponibles, en promedio, por cada cien pesos para ayuda social, los benefactores delegados marginan treinta pesos. Los setenta pesos restantes van a cubrir las demandas sociales que profundizan la dependencia de la ayuda y perpetúan la falta de oportunidades.
No sigamos cometiendo los mismos errores en la nueva Región de Ñuble. Demos oportunidades de progreso a quienes están marginados del crecimiento económico. La ruralidad de Ñuble ha sido uno de los sectores más afectados, donde el gasto social ha instalado un mercado de la pobreza. Fecundo para los benefactores, pero sin nuevas oportunidades para los pequeños agricultores.
