Ñuble vuelve a enfrentar una realidad que se repite con alarmante regularidad: los incendios forestales. En los últimos días, la región ha debido responder a una seguidilla de siniestros que culminaron con la declaración de alerta roja en Chillán Viejo, evidenciando que no estamos ante hechos aislados ni meramente atribuibles a la naturaleza. El fuego, en gran parte de los casos, tiene un origen humano y, por lo mismo, una responsabilidad que no puede seguir eludiéndose.
Las altas temperaturas, la baja humedad y el viento crean condiciones propicias para la propagación del fuego, pero no lo encienden por sí solas. Diversas investigaciones y reportes oficiales coinciden en que una proporción significativa de los incendios se origina en acciones evitables: trabajos con herramientas que generan chispas, uso irresponsable del fuego en faenas agrícolas, quemas no autorizadas o simples descuidos. El reciente incendio en Chillán Viejo vuelve a poner este tema en el centro del debate regional, con tres detenidos que hoy pasan a control de detención.
Frente a este escenario, las autoridades han reforzado la coordinación. La Fiscalía, junto a las policías, ha anunciado acciones preventivas y de persecución penal ante el alto riesgo de incendios forestales, entendiendo que la negligencia también puede constituir delito cuando pone en peligro vidas humanas, viviendas y ecosistemas completos. Esta señal es necesaria y debe mantenerse, porque la impunidad solo alimenta la repetición de conductas irresponsables.
En paralelo, el Plan Regional de Prevención de Incendios Forestales contempla la ejecución de 394 kilómetros de cortafuegos en distintos puntos de Ñuble, una medida clave para reducir el avance del fuego y proteger sectores poblados. Sin embargo, ninguna infraestructura preventiva será suficiente si no existe una conciencia real en la ciudadanía y en los actores productivos sobre el riesgo que implica operar sin resguardos en días críticos.
Trabajar en condiciones de alto riesgo no es un acto de valentía ni de productividad: es una irresponsabilidad. Suspender faenas, postergar labores agrícolas o forestales y extremar medidas de seguridad no debiera ser visto como una pérdida económica, sino como una inversión en seguridad y en futuro. Cada incendio implica costos millonarios para el Estado, daños ambientales que tardan décadas en revertirse y un impacto emocional profundo en las comunidades afectadas.
Ñuble ya conoce las consecuencias del fuego descontrolado. Hemos visto cómo se pierden viviendas, cómo se degradan suelos y cómo la biodiversidad queda reducida a cenizas. Por eso, este no es solo un llamado a las autoridades, sino a cada persona que vive y trabaja en la región. La prevención comienza en decisiones cotidianas: no usar herramientas de riesgo en días extremos, respetar las prohibiciones, denunciar conductas peligrosas y entender que el fuego no distingue entre culpables e inocentes.
Si queremos evitar que cada verano sea una crónica anunciada, debemos asumir una verdad incómoda pero necesaria: los incendios no son solo una emergencia climática, son un problema de conducta humana. Y como tal, su solución empieza por la responsabilidad individual y colectiva de cuidar el territorio que habitamos.
