Con el objeto de aumentar la recaudación tributaria en un 4,3% del PIB, el Ejecutivo presentó el proyecto de reforma que se basa en cuatro pilares fundamentales: impuesto a los súper ricos; nuevo royalty a la minería; medidas para disminuir exención, evasión y elusión; e impuesto correctivo de externalidades y fallas en los mercados.
La autoridad sostiene que la medida será neutral para el 97% de los contribuyentes, quienes no pagarán más impuestos. La neutralidad impositiva asume que la acción de los distintos gravámenes fiscales no tiene efectos en las decisiones de consumo o producción, así como en la asignación de recursos en los hogares del país. En otras palabras, la neutralidad supone que frente a la mayor carga tributaria, el 3% de la población más rica de la economía – dueña de la casi totalidad de los factores productivos y/o del sistema financiero del país – no va a modificar sus decisiones de inversión, ahorro, consumo y/o producción.
Menudo supuesto si se considera que para el sistema económico el segmento más rico de la población actúa de manera similar a un elefante dentro de una cristalería. Resulta inverosímil pensar que, cualquiera sea el nivel de estímulo que se planea dirigir al paquidermo, no genere consecuencias en su entorno.
En este sentido, es mucho más creíble analizar los posibles efectos de la reforma tributaria a partir de la hipótesis de “expectativas racionales”. Dicha hipótesis postula que las expectativas de las personas se forman teniendo en cuenta toda la información relevante, tanto teórica como empírica, disponible en el momento de formularlas. Esto significa que, las acciones presentes de los agentes económicos en materia de decisiones de inversión, ahorro, consumo y/o producción, están influenciadas por la información sobre la política económica pasada, actual y futura del Gobierno.
El impuesto a la riqueza, por ejemplo, incentiva a los agentes que se verán afectados a disminuir la base tributable. Las donaciones como medio de traspaso del patrimonio; la inversión en empresas sin distribución de utilidades; y la inversión en activos en el extranjero, son acciones que ya han tomado algunos de los destinatarios de dicho impuesto. En el caso del nuevo royalty a la minería, es una invitación a invertir en Perú, país donde la inversión minera ha superado los mil millones de dólares durante el primer trimestre 2022.
Pero no es todo. El 97% de los contribuyentes quienes no serán gravados en forma directa con impuestos, se ven afectos en términos reales a una serie de riesgos de pérdida de ingresos asociados a los impuestos indirectos. La reducción del nivel de inversiones reduce la demanda de empleos de mayor especialización, lo que genera merma de ingreso real en los procesos de búsqueda de nuevos empleos (en la actualidad se observa una fuerte expansión de ocupados informales). El aumento de los impuestos por las rentas de inversionistas inmobiliarios presiona a un aumento en el valor de los arriendos (el aumento del costo del arriendo ha superado el 60% para quienes hoy se han visto obligados a poner término a su actual contrato).
En resumen, la clase media ha comenzado a percibir parte de los efectos del proyecto de reforma tributaria mucho antes de que éste se convierta en ley.
