Dos noticias sobre las “responsabilidades” de los recientes incendios han circulado con intensidades muy distintas. La primera centrada en la detención por el uso negligente de una estufa a leña en mal estado. La segunda, con menor repercusión, revela el “polvorín forestal”: la Corporación Chilena de la Madera (Corma) habría advertido sobre la existencia de miles de hectáreas con alta carga de combustible producto de residuos forestales. Esta asimetría no es casual: mientras la primera noticia ofrece un rostro individual al origen del desastre, la segunda interpela a un modelo productivo que no solo favorece su propagación, sino que amplifica sus efectos.
La pregunta por la intencionalidad se instala rápidamente, reforzada por el dato de que en Chile más del 98 % de los incendios forestales tiene origen humano, ya sea por negligencia o dolo. ¿Quién inició el fuego? ¿Es un acto delictivo o un accidente? Esta lectura se ve alimentada, además, por la circulación de diversas teorías conspirativas, algunas de las cuales encuentran sustento en antecedentes reales, como la investigación judicial del megaincendio de Valparaíso, donde personas vinculadas a labores de combate de incendios fueron formalizadas. Sin embargo, reconociendo la gravedad de estos hechos, concentrar la explicación exclusivamente en el origen inmediato del fuego resulta insuficiente, pues invisibiliza una responsabilidad más profunda y persistente: aquella que opera por omisión, por acumulación prolongada de riesgo y por la postergación sistemática de medidas preventivas en zonas extractivas altamente inflamables.
El punto crítico es que Corma reconoció públicamente la existencia de residuos forestales acumulados durante al menos seis años en extensas zonas de interfaz urbano-rural. Seis años de material altamente inflamable dispuesto en territorios habitados, bajo condiciones climáticas cada vez más extremas. No se trata, entonces, de un riesgo inesperado, sino de uno producido y tolerado por la propia industria forestal, en un contexto marcado por la burocracia estatal, la fragmentación de competencias y la ausencia de un marco normativo integral, expresada —entre otros aspectos— en la postergación de una Ley de Incendios que regule de manera clara la prevención, el manejo de combustibles y las responsabilidades. Informar tardíamente sobre un peligro que se ha contribuido a generar no exime de responsabilidad; por el contrario, la profundiza y la vuelve estructural.
En este marco, la frontera entre dolo y negligencia se vuelve difusa. No en términos penales estrictos, sino desde una perspectiva ético-política del territorio: cuando un actor económico conoce el riesgo, controla las condiciones materiales que lo producen y posterga sistemáticamente acciones efectivas de manejo, ¿no estamos frente a una forma de negligencia grave, estructural y consciente?
Así, la chispa —sea una estufa defectuosa o una acción intencional— actúa solo como detonante. El desastre ya estaba configurado. Persistir en una lectura centrada en individuos resulta funcional a la impunidad estructural. Si queremos hablar seriamente de prevención, la pregunta no es solo quién encendió el fuego, sino quién permitió, durante años, que el territorio se transformara en un polvorín.
Dr. José Sandoval Díaz
Director del Centro de Estudios Ñuble
