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El envejecimiento poblacional constituye un índice de alta significación en lo que concierne a la estructura social de nuestro país, no solo a causa del incremento de personas de edad avanzada, sino también porque esa notable transformación se produce junto con una reducción gradual de los miembros de las generaciones más jóvenes.
Esta doble conjugación de factores: baja fecundidad y alta esperanza de vida, nos han convertido en una de las regiones más envejecidas del país y las estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) establecen que para 2035 este fenómeno será aún más profundo, expandiendo las necesidades de la población mayor no solo a la atención médica, sino también a viviendas adecuadas, alimentación diferente, actividades de tiempo libre y vida sana, y también de ocupación de sus capacidades y habilidades que no se acaban con la edad de jubilación, hoy de 60 años para las mujeres y 65 para los hombres.
Las sociedades contemporáneas han entronizado a la producción como valor primario de la vida, y ello genera, como consecuencia, un disvalor profundo para quienes se encuentran al margen de ella. Los adultos mayores ya no son respetados ni apreciados por su autoridad ni por su sabiduría, como ocurrió en otras organizaciones humanas que nos precedieron, y su presencia es percibida como una carga económica para quienes permanecen activos. Pero lo más grave no es solo que no reciban lo suficiente, sino que no se valore su derecho a hacerlo, condenándolos a una exclusión simbólica que es mucho más profunda y que acaso sea la razón de fondo de por qué, después de más de una década, el debate sobre la reforma al sistema previsional, que busca mejorar las bajas pensiones que reciben las personas en edad de jubilar, no va para ningún lado.
En efecto, las inflexibles posturas de lado y lado del espectro político han inhibido un acuerdo en torno a una de las principales preocupaciones de los chilenos y chilenas.
Por una parte, el Gobierno lanza indicaciones sin tener acuerdos comprometidos ni negociaciones en curso, lo que ha terminado con sendos portazos de la oposición, que salvo excepciones parece más interesada en rechazar todo lo que provenga del Ejecutivo, que en negociar y lograr consensos mínimos en esta materia, como ocurre con uno de los contenidos donde han existido mayores diferencias: el destino del 6% de cotización adicional con cargo al empleador que podría elevar el porcentaje de ahorro previsional por trabajador hasta 16% de su salario.
Desde la mirada de los expertos, hay también otros temas muy relevantes sobre los que poner atención y que, lamentablemente, están quedando al margen en medio de este diálogo de sordos, como son las bajas pensiones de la clase media y un eventual desincentivo al trabajo formal.
Como sociedad nos comportamos en forma contradictoria: por un lado, buscamos afanosamente prolongar la vida y, por el otro, no nos hacemos cargo de adecuar la estructura social al nuevo orden. Por eso, hoy el mayor desafío de nuestra sociedad es exigir a nuestros representantes políticos un acuerdo que permita reformar un sistema que tras 40 años de vigencia ha fracasado en su objetivo de mitigar los efectos económicos del envejecimiento poblacional y atender las necesidades de este segmento, hoy injustamente castigado. Indudablemente, va en ello nuestro propio futuro.
