En diciembre, la Cámara de Diputadas y Diputados despachó a ley el proyecto que fortalece la institucionalidad en materia de seguridad municipal pública. La iniciativa comenzó su tramitación en 2023 y es el fruto de la fusión de un proyecto del Ejecutivo y una moción orientada a normar los comités de seguridad vecinal y rural.
La nueva ley regula el rol comunal en este ámbito en cuatro perspectivas: preventiva, coadyuvante, colaborativa y complementaria.
Lo anterior se realizará sin perjuicio de las funciones del Ministerio de Seguridad Pública y otros órganos con atribuciones en la materia.
En el ejercicio de sus competencias en seguridad pública, se establece que la prevención del delito constituye la labor principal y prioritaria de las municipalidades. Así, podrán adoptar estrategias sociales, comunitarias y situacionales de prevención del delito. Para esto, deberán considerar la realidad territorial, presupuesto, población, geografía y problemáticas específicas de cada comuna.
En tanto, los gobiernos regionales podrán colaborar con las municipalidades en la formulación, implementación y financiamiento de planes y proyectos comunales en seguridad pública. La ley establece, además, un marco normativo específico para las inspectoras e inspectores de seguridad municipal.
