El pasado martes 12 de marzo, el Tribunal Oral en lo Penal de Chillán emanó una orden de detención en contra del empresario chillanejo Mauricio Infantas y de su pareja, María de los Ángeles Manzano, luego que por cuarta vez no comparecieran a un juicio oral en su contra, en el que figuran como acusados por los delitos de estafa y de venta u oferta de loteos irregulares.
Al día siguiente, fueron llevados al Juzgado de Garantía de Chillán para su control de detención, ocasión en que el abogado querellante, Jorge Gutiérrez, pidió que se decretara en su contra la medida cautelar de prisión preventiva y así evitar que tampoco se presenten al quinto intento de juicio.
Ambos habían utilizado varias estrategias para esquivar el litigio, “porque saben que van a quedar presos”, asegura el querellante, quien dijo que son en total 123 las personas que compraron los terrenos en Los Lleuques que Infantas puso a la venta con la venia que la Municipalidad de Pinto, estaba en proceso de regularizar esos sitios, “lo que es totalmente falso. Estamos hablando de una defraudación que alcanzaría cerca de un millón de dólares”, aseveró.
Si el fallo resulta ser condenatorio, no solo se estaría ante el primer caso de sanción penal en Ñuble por este tipo de delitos, sino también, ante un castigo ejemplificador, considerando que la Fiscalía de Chillán está pidiendo 14 años de cárcel para cada uno de los acusados.
Y aunque parezca una cantidad de años abultada, se debe tener a la vista el primer fallo en Chile por esta causa, que es de enero de 2023 y que castigó con 20 años de presidio a la particular Ximena Burdiles, acusada por seis hechos en sectores rurales de La Serena.
Pero ante ese resultado penal, hay otra arista que se abriría en Ñuble para poder controlar la proliferación de la venta de loteos irregulares y loteos brujos.
Hasta ahora, cada vez que se ingresaba una denuncia a Bienes Nacionales, “nosotros lo único que podemos hacer es enviar a nuestro equipo de inspección, y de confirmarse la denuncia, notificábamos a las respectivas municipalidades para que ejecutaran la demolición de las viviendas”, explica el seremi de Bienes Nacionales (BBNN) de Ñuble, Rodrigo Baeza.
Sin embargo, el seremi admite que jamás se ha llevado a cabo una demolición.
La razón es simple. Para ningún alcalde ni ninguna otra autoridad que dependa de la votación plebiscitaria será buen negocio demoler la casa de una familia que, en estricto rigor, también se puede presentar ante la opinión pública como víctima de estafa.
“Pero, ahora, si es que se están generando este tipo de sanciones en sedes penales, lo que podemos comenzar a hacer para evitar la proliferación de estos loteos o ventas de terreno en zonas no habilitadas para la construcción de viviendas, es irnos precisamente por la vía penal, es decir presentando querellas en contra de aquellas personas que estén ofreciendo a la venta este tipo de sitios”, anticipa el alcalde de Chillán, Camilo Benavente, quien comenta que “hemos detectado más loteos de este tipo en la comuna”.
Tras el fallo del TOP de La Serena, que fue confirmado por la Corte de Apelaciones, hubo otros dos sentencias con penas superiores a los 12 años de cárcel.
“Y en efecto, no solamente el alcalde o el seremi se pueden querellar, sino que cualquier persona. Solo se requiere que el particular haga la oferta de estos terrenos de manera pública y notoria, como por ejemplo, con letreros o anuncios en las plataformas digitales de Internet”, confirma el abogado Jorge Gutiérrez.
El juicio contra Infantas y Manzano se realizará el próximo 5 de abril en el Tribunal Oral en lo Penal de Chillán.
Capacidad fiscalizadoras
Con esta jurisprudencia a la mano, como una herramienta válida para prevenir la venta y proliferación de loteos irregulares, las autoridades ahora deberían responder con una mayor fiscalización.
Dada las capacidades logísticas que no siempre son suficientes, y lo vasta de las áreas rurales de la región, esta gestión no asoma tan fácil.
Casi como una analogía perfecta, se podría comparar la diferencia entre la cantidad de patrullajes policiales preventivos que se realizan en las zonas urbanas respecto de las rurales, con la diferencia de fiscalización que existe entre ambas zonas en los municipios y la Seremi de Bienes Nacionales respecto a las normativas de la ley de Urbanismo y Construcción.
Por muchas y diversas razones, en las zonas rurales es casi nula.
Prueba de ello es que fue en junio de 1999 que se cursó en el país la última multa por infracción al decreto ley 3.516 del Ministerio de Agricultura (Minagri), sobre las parcelaciones, la que en su artículo segundo presenta una disposición que obliga al comprador del predio a darle un uso silvoagropecuario a su terreno; y no un uso meramente habitacional.
La infracción se estima en el 200% del avalúo fiscal del terreno y sin embargo, una enorme mayoría solo cuenta con una o dos casas, un quincho, piscinas, bodegas y vegetación ornamental.
Paradójicamente, desde el 2002 al 2017, conforme a los datos del último censo, la cantidad de personas que ha construido o se ha establecido en este tipo parecelas ha crecido de manera exponencial, sin que Ñuble haya sido una excepción.
Esta falta de control e incapacidad de realizar una fiscalización concreta ha tenido como resultante que muchas personas, no solamente incumplan con el artículo 2 del decreto 3.516, sino que se haya generado una cantidad incontable de parcelaciones que ni siquiera cumplen con la ley que obliga a subdividir los terrenos en venta a no menos de 5 mil metros cuadrados.
Y es así como los “loteos brujos” hoy ya son parte del paisaje rural en toda la región.
El seremi Rodrigo Baeza confirmó a La Discusión que “pese a las campañas educativas realizadas por Bienes Nacionales, a la gran cantidad de información que ha habido en los últimos años respecto a los riesgos de comprar loteos irregulares, o a que en adelante, los municipios se deben negar a regularizar predios vendidos como sucesión de derechos; o a las mismas tragedias que se han registrado en otras regiones en los llamados loteos brujos, nos consta que esto ha aumentado en Ñuble en los últimos años”.
Desde la seremi de BBNN han estado pidiendo a las municipalidades la confección de catastros para tener cifras que permitan un plan de acción concreto, pero estos catastros prácticamente no existen. Y en el Serviu, solo cuentan con cifras respecto a la existencia de asentamientos precarios, pero no de loteos irregulares.
En Coihueco, como en la 21 comunas de Ñuble, este fenómeno ha causado diversos problemas. “Y en especial cuando quienes venden son personas conocidas en la comuna y la gente, por lo tanto, cree que se trata de negocios validos y legales”, advierte el administrador público del municipio coihuecano, Russel Cabrera.
“Evidentemente, vamos a estar pendientes de lo que pueda pasar en este juicio porque, de hecho, ya es una buena noticia para nosotros como municipio, el que se hayan generado sentencias tan drásticas por este tipo de delitos”, explica.
Cabrera añade que, “es una tarea que nuestra unidad de Inspección de Obras Municipales tendrán que tener en mente en adelante para poder actuar mediante querellas antes que estor particulares sigan vendiendo loteos irregulares a más personas”.
Los resguardos mínimos
Para que un terreno sea considerado “irregular” en el ámbito de las transacciones para fines habitacionales, no basta con que el paño que se ofrezca sea de menos de 5 mil metros cuadrados.
Hay paños que, conforme al plan regulador de cada comuna, no cuentan con el uso de suelo que permita la construcción de viviendas, lo que incluso se puede observar en terrenos urbanos, pero con uso de suelo exclusivamente industrial.
Ante una buena oferta, lo que se recomienda por parte de Bienes Nacionales, es ir hasta la Dirección de Obras Municipales y revisar el plano de subdivisión del lote (se pide con el número de rol) y ratificar que el terreno calza con las medidas señaladas por el vendedor.
Es en esa misma dirección donde se puede consultar respecto al uso de suelo del predio en oferta.
Sin embargo, si el delito de loteo irregular se comete formando parte de una agrupación u organización de dos o más personas, la pena se aplicará en su grado máximo.
Con ello se busca sancionar fuertemente a las bandas organizadas que se han concentrado en este tipo de ilícitos.
En efecto, la acción de estas mafias consiste en tomarse terrenos y lotearlos sin cumplir con la normativa vigente. Luego, los venden o arriendan a familias vulnerables y desesperadas por obtener una solución habitacional, como se observó en la ribera del río Ñuble tras los anegamientos del invierno de 2023.
