En el mes de octubre último, la Contraloría Regional de Ñuble dio a conocer el resultado de una investigación por sobresueldos recibidos por funcionarios de la Dirección Municipal de Salud de Chillán, durante la administración pasada, concluyendo que un total de 19 de estos empleados recibieron cerca de 219 millones de pesos, por lo que el dictamen estableció como sentencia la devolución total de los dineros mal habidos.
En la ocasión, el administrador municipal de Chillán, Richard Guzmán, aseguró a La Discusión que “vamos a decretar un investigación sumarial para establecer las responsabilidades administrativas, respecto a lo que ha arrojado esta auditoría de algo ocurrido en la administración anterior”.
Hasta ahora el caso aparentemente se mantiene bajo investigación interna del municipio, desconociéndose su resultado, al menos por parte de la opinión pública.
Pero no es el único caso pendiente. Durante la última investigación dada a conocer este mes por la Contraloría Regional, que cuestionó contrataciones de familiares y funcionarios que ayudaron en la campaña del alcalde Benavente, el órgano además reveló que “el municipio no ha concluido 53 sumarios administrativos, ordenados instruir durante los años 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022”.
Lo expuesto, aseguró Contraloría, contraviene el artículo 141, de la ley N° 18.883, el cual dispone que vencidos los plazos de instrucción de un sumario y no estando éste afinado, el alcalde que lo ordenó deberá revisarlo, adoptar las medidas tendientes a agilizar y determinar la responsabilidad del fiscal, sin perjuicio que, conforme lo dispone el artículo 28, de la ley N° 18.695, le corresponde a la unidad jurídica de cada entidad edilicia supervigilar los procesos disciplinarios en tramitación (aplica criterio contenido en dictamen N° 685, de 2013, de la Contraloría General).
Si bien la demora en la instrucción de un procedimiento disciplinario no constituye un vicio que afecte su validez, por cuanto no incide en aspectos esenciales del mismo, ello no obsta a perseguir la responsabilidad administrativa de quién o quiénes originaron tal dilación, aclaró la Contraloría en su dictamen.
Respuesta del municipio
Sobre el particular, la Municipalidad de Chillán respondió al órgano contralor informando que la dirección de asesoría jurídica procedió a notificar a todos los servidores designados fiscales o investigadores que mantienen procedimientos disciplinarios pendientes de resolución, indicándoles un plazo para la finalización de estos.
A su turno, señala que, como una medida destinada a evitar la reiteración de este tipo de conductas, esa dirección ha propuesto como meta de incentivo colectivo la realización de jornadas de capacitación en tramitación de procedimientos disciplinarios destinadas a funcionarios con responsabilidad administrativa de todas las direcciones municipales, con el fin de evitar, entre otros aspectos, las dilaciones en su sustanciación.
Sobre la respuesta municipal, la Contraloría replicó que “en relación con lo expuesto, si bien lo informado por el municipio es atendible, corresponde mantener la observación, debiendo acreditarse el estado de avance de la ejecución de los procedimientos disciplinarios observados, remitiendo los antecedentes que den cuenta de ello, lo que será verificado en la etapa de seguimiento”.
