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El pasado 21 de agosto se formalizó el comienzo de la etapa de preparación del procedimiento del Plan Regulador Comunal (PRC) de Chillán, luego de la aprobación del informe entregado por la Secretaría Regional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), no existiendo observaciones sobre esta etapa.
Se emitió, por tanto, como decreto municipal, rotulado con el número 10179, con lo que esta herramienta legal contará con los antecedentes técnicos necesarios para dar respuesta a los desafíos que le impuso el Plan Regulador Intercomunal Chillán-Chillán Viejo (Prich) en materia de reordenamiento territorial, conectividad y protección medioambiental.
Dentro de las modificaciones se espera, por ejemplo, el definir en conjunto con la comunidad a través de consultas ciudadanas, el uso que se le quiere dar a las zonas productivas como las que colindan con la salida norte de la comuna y las del costado poniente del baipás, destinadas en la actualidad solo a actividades industriales.
Por otro lado, la expansión territorial que ha experimentado la ciudad y las nuevas zonas urbanas que reconoce el Prich exigen estudios de factibilidad de agua o de riesgos, actualmente inexistentes, y que se espera que la nueva herramienta legal las contemple.
Sobre el Plan Regulador, el alcalde, Camilo Benavente destacó que “tenemos un extenso patrimonio, que debemos identificar y proteger, ya sean áreas de valor histórico y cultural, o declarando inmuebles y zonas de conservación históricas. Contar con cartográfica actualizada y con mayor nivel de detalles que permita planificar y georreferenciar el área urbana con precisión”.
En relación al impacto ambiental, el alcalde adelantó que se debe contar con una consulta, por lo que “debemos reunir información actualizada para consultar una Evaluación Ambiental Estratégica, definiendo criterios que consideran el desarrollo sustentable y la protección ambiental”.
Por el momento, el proceso de modificación del PRC de Chillán se encuentra en la etapa de Preparación de Antecedentes, con la finalidad de obtener recursos para su licitación, conforme a lo señalado en el artículo 2.1.4 bis de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC).
Financiamiento externo
Actualmente, la municipalidad está gestionando la obtención de financiamiento externo necesario para llevar a cabo la modificación del instrumento de planificación comunal, habiendo cumplido con los requisitos y la documentación técnica pertinente.
Conforme a las experiencias modificatorias de los PRC aplicado en otras comunas del país, los estudios técnicos necesarios exigen recursos que bordean los $500 millones.
El director de Secpla, Carlos Araya, agregó que “han existido conversaciones previas con el GORE Ñuble, que nos da un optimismo que este estudio pueda ser financiado a la brevedad”. Sostuvo, además, que “una vez aprobados los fondos para la modificación del PRC, se procederá a ejecutar la licitación pública de este estudio y una vez adjudicado el estudio, se iniciará el trabajo técnico, que incluye análisis territoriales, propuestas normativas, y consultas ciudadanas, entre otras
El director de Secpla subrayó que se requiere una actualización normativa para alinear el Plan Regulador con la normativa vigente, la Política Nacional de Desarrollo Urbano y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el ODS 11, para garantizar ciudades sostenibles.
Enmiendas
De forma paralela, desde el Secpla se ha estado trabajado en algunas enmiendas (modificaciones menores y puntuales que no requieren estudio de impacto ambiental) que apuntan principalmente a solucionar algunos aspectos normativos respecto a los antejardines en sectores Santa Elvira, Wicker y Mardones y, debido a las ampliacionesen la Avenida Huambalí.
Lo que se pretende es eliminar la normativa que exige 2.5 metros de antejardín, debido a que algunos propietarios no puedan construir, desde la línea oficial de edificación, para no construir en contra la morfología de estos barrios, dificultando el que algunos vecinos pudiesen regularizar.
“Actualmente, las personas que viven en esos sectores pueden construir después de esos 2,5 metros después de la línea de cierro, pero hay algunas viviendas que no cuentan con esos espacios. Son sectores antiguos que no han podido regularizar esta situación, entonces la idea es reconocer en esos barrios esa característica patrimonial, y así no obligarlos a construir en la línea de cierro, sino en la línea oficial de edificación”, explicó el arquitecto del Secpla, Nelson Anabalón.
