Una de las metas del Concejo Municipal, dentro de la definición de presupuesto 2024, es la de mantener los costos que significa el darle continuidad a la planta de funcionarios municipales encargados de la seguridad pública.
Hasta el momento, la evaluación de los concejales ha sido -en términos generales- positiva respecto a las funciones de colaboración con las policías en procedimientos de bajo riesgo y en materia de control del comercio ambulante, actividad que sin embargo, les ha generado una mayor cantidad de problemas debido al nivel de agresividad de los comerciantes ilegales.
Lejos de ser un fenómeno local, los conflictos entre comerciantes ambulantes no autorizados e inspectores municipales se ha repetido en todas las comunas del país, sumando ya casos fatales y de homicidios frustrados, por lo que tanto los municipios como el propio Gobierno han estado buscando desde el Parlamento crear un marco legal que les entregue mayores facultades y les brinde un mejor estándar de protección a los inspectores.
Sin embargo, tanto los concejales Joseph Careaga, presidente de la Comisión Hacienda; como Rodrigo Ramírez, presidente de la Comisión Seguridad, han postulado que “seguir entregando recursos sin un marco legal que amplíe las acciones de los inspectores, es perder dinero”.
Este debate, por lo demás, se ha hecho más reiterado en estos meses en los que se han generado diversos hechos de violencia que no solo han afectado a los inspectores, sino que incluso personal de la Segunda Comisaría de Carabineros han sido atacados por comerciantes ambulantes, en Chillán, al momento de ser fiscalizados o cuando se ha procedido a incautar material de contrabando. Videos de esas agresiones ya circulan por las redes sociales.
Consultada, la ministra del Interior, Carolina Tohá, en su visita a la comuna para la puesta en funcionamiento de luminarias led en la Villa Magisterio, dijo a La Discusión: “Tenemos en el Parlamento un proyecto que es parte de los proyectos priorizados que fortalece el rol de los municipios en materia de seguridad, los define con mayor nitidez, les entrega más atribuciones y protección a los funcionarios”.
Sin embargo, advirtió que “hay algo que no hacemos, algo que ya hemos evaluado y descartado porque la experiencia latinoamericana es muy mala, que es transformar a los funcionarios de seguridad municipal en policías. El municipio puede contribuir mucho, puede ser complementario y coadyuvar en la seguridad, pero tener policías municipales no es el camino”.
Por lo que para la secretaria de Estado, “ tenemos que fortalecer estas instituciones (Carabineros y la PDI), entregarles mejores condiciones, más recursos y más tecnología”.
Participación y protección
El concejal Ramírez, tras entrevistarse con algunos inspectores, dijo que “es por falta de herramientas y de facultades que han tenido que limitar sus acciones producto de las amenazas que han recibido por parte de algunos delincuentes que roban en el centro o de comerciantes ambulantes ilegales, especialmente, quienes venden cigarrillos de contrabando o remedios. Se está haciendo más constante el que reciban amenazas, les dicen que los conocen, que saben donde viven, que los van a apuñalar y todas esas formas de amedrentar que suelen tener los delincuentes”.
Mientras que la directora de Seguridad e Inspección Municipal, Alejandra Martínez, explica, respecto al proyecto de ley que se discute en el Congreso, que “van a poder participar del consejo comunal de Seguridad Pública para poder informar de situaciones de riesgo y hay una línea de capacitación, en la que la Subsecretaría de Prevención del Delito suscribirá un convenio con Carabineros para la ejecución de un plan formativo, que va a ser un requisito fundamental para poder desempeñar la tarea. Elementos de protección personal, que están en definiciones cuáles van a ser, junto con un seguro de vida”.
