“Alguien nos mintió descaradamente”, fue una de las reacciones del concejal Víctor Sepúlveda Barra (PC), luego de conocer el contundente informe de Contraloría Regional de Ñuble respecto de la fiscalización que esta entidad efectuó al contrato de concesión de las áreas verdes que vinculó a la Municipalidad de Chillán y la empresa OHL.
En el escrito, al que tuvo acceso exclusivo La Discusión, se estableció entre muchos temas que la entidad edilicia no cobró multas a la empresa por un total de $242.828.811, a lo que se suman pagos por trabajos no efectuados por la firma en tres unidades vecinales, por $43.910.963.
La lista de falencias y eventuales irregularidades es larga y llama la atención a los ediles que a pesar de las alarmas que emitieron desde el comienzo de la concesión, en febrero de 2012, la municipalidad no haya reaccionado, apunta el concejal Jorge Vaccaro Collao (RN).
De esta manera, el concejal Patricio Huepe García (DC) precisó que en uno de sus acápites, Contraloría expone los certificados emitidos por los inspectores técnicos del servicio y la directora(s) de Medio Ambiente Aseo y Ornato, Carolina Zuleta, donde se manifestaba plena conformidad con el servicio de OHL. Esto quedaría descartado luego por informes de concejales y del contralor municipal Wenceslao Vásquez, lo que terminó por hacer caer el contrato.
El concejal Víctor Sepúlveda agregó que “tras el dictamen de Contraloría nos gustaría saber dónde quedaron esas multas no cobradas y dónde fueron a parar los millones de pesos que se pagaron por trabajos que OHL no realizó en tres poblaciones de la ciudad”.
La concejala Yanina Contreras (PPD), comentó que “hay que pedir disculpas a la comunidad chillaneja, pues entre todas las irregularidades en las que lamentablemente se ha visto envuelta la municipalidad, se suma el contrato de concesión de los servicios de mantención de áreas verdes”.
La arquitecta lamentó que “nos enfrentamos a un informe de Contraloría que pone en evidencia las graves faltas tanto en el proceso técnico, administrativo y económico de esta licitación. Es impresentable que no se tenga real certeza de los metros cuadrados contratados”.
Según declaración ante Contraloría de un Inspector Técnico Municipal, la entidad edilicia no contaba “con la cantidad real de metros cuadrados contratados ni certeza de los lugares que debían ser mantenidos”, lo que además limitó la fiscalización del servicio prestado.
Además, según Contraloría, “se confirmó que dos cargos son ejercidos por la misma funcionaria, doña Carolina Zuleta Torres, quien firma las bases administrativas como directora de Asesoría Jurídica y como directora (s) de Medio Ambiente Aseo y Ornato, lo que podría afectar la independencia e imparcialidad sobre procesos de distinta naturaleza”.
Contraloría además reprocha al municipio local la autorización a una permuta con la empresa concesionaria, por la cantidad de 27.710 m2. de áreas verdes, “situación no prevista en las bases administrativas”.
Además, se constató que “el municipio no cuenta con documentos que permitan verificar la cantidad de metros cuadrados permutados, por lo que no se pudo constar la razonabilidad de dicha operación”.
Contraloría, además, rechazó la subcontratación de servicios entre la empresa y un empresario local (vinculado a RN) para instalar riego tecnificado, lo que no fue completado.
La entidad contralora planteó además que la municipalidad no salvaguardó el patrimonio municipal, pues “toda vez que existiendo el mecanismo jurídico para terminar una concesión en que se han cometido reiterados y graves incumplimientos, aquello no sucedió oportunamente”.
Al interior del municipio se cree que este dictamen de Contraloría puede ser clave en el desarrollo del juicio que mantiene la empresa OHL con la municipalidad, donde la primera reclama más de $1.000 millones en indemnización por término anticipado de contrato, y donde la firma responsabiliza al municipio por los fallas del servicio.
“Alguien nos mintió descaradamente”, fue una de las reacciones del concejal Víctor Sepúlveda Barra (PC), luego de conocer el contundente informe de Contraloría Regional de Ñuble respecto de la fiscalización que esta entidad efectuó al contrato de concesión de las áreas verdes que vinculó a la Municipalidad de Chillán y la empresa OHL.
En el escrito, al que tuvo acceso exclusivo La Discusión, se estableció entre muchos temas que la entidad edilicia no cobró multas a la empresa por un total de $242.828.811, a lo que se suman pagos por trabajos no efectuados por la firma en tres unidades vecinales, por $43.910.963.
La lista de falencias y eventuales irregularidades es larga y llama la atención a los ediles que a pesar de las alarmas que emitieron desde el comienzo de la concesión, en febrero de 2012, la municipalidad no haya reaccionado, apunta el concejal Jorge Vaccaro Collao (RN).
De esta manera, el concejal Patricio Huepe García (DC) precisó que en uno de sus acápites, Contraloría expone los certificados emitidos por los inspectores técnicos del servicio y la directora(s) de Medio Ambiente Aseo y Ornato, Carolina Zuleta, donde se manifestaba plena conformidad con el servicio de OHL. Esto quedaría descartado luego por informes de concejales y del contralor municipal Wenceslao Vásquez, lo que terminó por hacer caer el contrato.
El concejal Víctor Sepúlveda agregó que “tras el dictamen de Contraloría nos gustaría saber dónde quedaron esas multas no cobradas y dónde fueron a parar los millones de pesos que se pagaron por trabajos que OHL no realizó en tres poblaciones de la ciudad”.
La concejala Yanina Contreras (PPD), comentó que “hay que pedir disculpas a la comunidad chillaneja, pues entre todas las irregularidades en las que lamentablemente se ha visto envuelta la municipalidad, se suma el contrato de concesión de los servicios de mantención de áreas verdes”.
La arquitecta lamentó que “nos enfrentamos a un informe de Contraloría que pone en evidencia las graves faltas tanto en el proceso técnico, administrativo y económico de esta licitación. Es impresentable que no se tenga real certeza de los metros cuadrados contratados”.
Según declaración ante Contraloría de un Inspector Técnico Municipal, la entidad edilicia no contaba “con la cantidad real de metros cuadrados contratados ni certeza de los lugares que debían ser mantenidos”, lo que además limitó la fiscalización del servicio prestado.
Además, según Contraloría, “se confirmó que dos cargos son ejercidos por la misma funcionaria, doña Carolina Zuleta Torres, quien firma las bases administrativas como directora de Asesoría Jurídica y como directora (s) de Medio Ambiente Aseo y Ornato, lo que podría afectar la independencia e imparcialidad sobre procesos de distinta naturaleza”.
Contraloría además reprocha al municipio local la autorización a una permuta con la empresa concesionaria, por la cantidad de 27.710 m2. de áreas verdes, “situación no prevista en las bases administrativas”.
Además, se constató que “el municipio no cuenta con documentos que permitan verificar la cantidad de metros cuadrados permutados, por lo que no se pudo constar la razonabilidad de dicha operación”.
Contraloría, además, rechazó la subcontratación de servicios entre la empresa y un empresario local (vinculado a RN) para instalar riego tecnificado, lo que no fue completado.
La entidad contralora planteó además que la municipalidad no salvaguardó el patrimonio municipal, pues “toda vez que existiendo el mecanismo jurídico para terminar una concesión en que se han cometido reiterados y graves incumplimientos, aquello no sucedió oportunamente”.
Al interior del municipio se cree que este dictamen de Contraloría puede ser clave en el desarrollo del juicio que mantiene la empresa OHL con la municipalidad, donde la primera reclama más de $1.000 millones en indemnización por término anticipado de contrato, y donde la firma responsabiliza al municipio por los fallas del servicio.
