Share This Article
Cada una de las pequeñas plantitas de la señora Mónica Leyghton tienen un nombre. Como si fueran sus hijos, o sus pequeñas mascotas. Las hizo crecer desde que “se las saqué a la planta madre. La madre se queda conmigo, y las hijas me las llevo al hospital para venderlas”, nos cuenta.
Confiesa que “me cuesta decidir cuál traer, porque les tengo cariño y no me gusta que se vayan, pero necesito venderlas”.
Aunque, a sus 66 años, no siempre puede salir a vender sus plantas debido a una afección pulmonar que la afecta por décadas, ésa mañana del miércoles 20 de marzo salió de su casa, ubicada en el Camino San Bernardo, hasta la calle Francisco Ramírez, frente al Centro de Especialidades.
Minutos después, llegó una patrulla de la Inspección Municipal junto a Carabineros y comenzaron a solicitar los permisos a los ambulantes que estaban apostados en el lugar como de costumbre.
Pero es sabido que ninguno tiene permiso.
Conforme a lo que manda la ley y las ordenanzas municipales, comenzaron a incautarles la mercadería.
Mónica recogió a “sus hijas” y buscó evitar que se las quitaran.
Algunas de sus compañeras no tuvieron la misma chance.
Una de ellas, Antonieta Delgado, explica que “lo que yo vendo es esto que usted ve en esta mesa. Galletas, jugos, pañuelos o mascarillas, nada más. No son esas cosas de contrabando, ropa falsa, cuestiones de celulares o cigarros que venden los ambulantes que siempre pelean con los carabineros. Yo sé que tampoco puedo vender esto, pero necesito trabajar en esto. Imagínese que hay ingenieros, profesores, abogados y tanto profesional que hoy no pueden encontrar trabajo, entonces, ¿qué queda para mí que apenas tengo Quinto Básico?”.
Antonieta, alcanzó a guardar parte de su mercadería en un bolso y se lo llevó a su auto. “Pero la persona que estaba a cargo me apuntó y le dijo a los inspectores que me requisaran las bolsas. Perdí todo”.
Hubo otros que se resistieron, reclamaron y hasta buscaron a empujones evitar perder sus productos. Por esa razón, cuatro de ellos se fueron detenidos.
Isabel Arias, otra de las comerciantes de calle Francisco Ramírez, desde niña sabía de estas situaciones.
A diferencia de Mónica, que en su juventud fue peluquera, o de Antonieta, quien fue garzona; ella, en su Santiago natal también trabajó en el comercio ambulante desde su época escolar.
“Es que no había otra opción. En mi casa, no todos trabajaban y a mí me crió mi hermana mayor, que también era ambulante. Me tocó verla llegar llorando porque le habían quitado las cosas los carabineros y es algo súper fuerte de ver, sobre todo, cuando una es niña”, relata.
El jueves 21 volvieron de nuevo a instalarse fuera del hospital. Todas.
Aguantaron el Sol porque les quitaron sus paraguas e improvisaron mesas porque las suyas las perdieron. Y otra vez los mismos funcionarios del centro de salud pasaban, las saludaban por sus nombres y les compraban cosas.
“Hay que levantarse y seguir, más. Yo vendo ropa usada que compro o que me regalan algunas personas que me conocen. Pero cada día cuando sales de tu casa, piensas en muchas cosas y una de ellas, es que puedan llegar los fiscalizadores y te quiten todo. Siempre está ese miedo”.
Ninguna de ellas ha protagonizado episodios de violencia verbal ni física con las autoridades. Ninguna vende artículos de contrabando ni que violen las leyes de propiedad industrial o intelectual.
“Pese a todo, somos gente que habla bien, tratamos con amabilidad a todas las personas y nunca le faltamos el respeto a los carabineros. Hoy, que se ve tanto en las noticias los problemas que hay con los ambulantes, que se asocian con delincuentes, que se pelean por territorios, que son choros y groseros, una de las cosas que más nos duele, incluso más que nos quiten las cosas, es que nos metan al mismo saco que a ellos”, reflexiona Antonieta.
Un mensaje por aclarar
Este año Carabineros ha hecho público algunos de los resultados de la ejecución en la comuna de Chillán del plan nacional “40 Minutos” que apunta a la regulación del orden público, lo que incluye fiscalizaciones al comercio ambulante.
Si contamos los días de la víspera del Año Nuevo, cuando se detuvo a un vendedor informal de fuegos artificiales y a una persona que salió en su defensa a los golpes; hasta el pasado miércoles 20 de marzo, lo que la institución uniformada ha hecho público, son cerca de una veintena de detenidos.
Uno de los operativos más llamativos fue el del pasado 2 de febrero que terminó con cuatro detenidos y miles de artículos de vestir falsificados, emulando marcas internacionales, lo que constituye el delito de Infracción a la propiedad industrial.
En esa oportunidad, la directora de Seguridad del municipio, Alejandra Martínez, explicó que estos operativos “se hacen con el fin de combatir el comercio ambulante ilegal y desde el año a la fecha se han incautado varios miles de mercaderías dentro de las cuales destacan mucho vestuario falsificado, cigarrillos de procedencia desconocida además de medicamentos cuyo origen, calidad y efectos sobre la salud de la población está en duda. Lo que se pretende con estas campañas es llegar a las bandas que comercializan los productos y cuyo origen es desconocido pudiendo vulnerar las leyes nacionales y poniendo en riesgo a la comunidad”.
En tanto, el mayor de Carabineros Juan José Moraga, destacó que las acciones de fiscalización se llevan a cabo “en el sector céntrico neurálgico de la comuna y buscan amagar todo lo que tiene que ver con el comercio ambulante principalmente”.
Otra masiva incautación se realizó el lunes de la semana pasada frente a la Iglesia La Merced, en calle Isabel Riquelme.
A diferencia de lo ocurrido frente al hospital, acá la hostilidad era evidente. Gritos incesantes, gestos insultantes y amenazas a los funcionarios eran parte del contexto habitual al que se exponen los inspectores cuando hacen su trabajo.
Imágenes y videos sobran (de Chillán) con carabineras siendo empujadas, inspectores agredidos y groserías de estadio a todo pulmón.
“Pero nosotras no somos así”, dicen las comerciantes del sector de Especialidades, en el hospital.
Y de esa diferencia, también está consciente el alcalde Camilo Benavente.
“Nosotros decidimos reducir los permisos precarios porque se habían transformado en un problema para muchas personas y porque se había evidenciado un mal uso de esos permisos, los que eran utilizados, en ocasiones, por personas que no tienen grandes apremios económicos. Sin embargo, de esos 200 que había, redujimos la cantidad a 80 y, precisamente, son para personas como esas comerciantes que están fuera del hospital, que es gente que tiene una real necesidad, que no es gente conflictiva y que son de nuestra comuna”, anticipa.
Sin embargo, esos permisos aún no pasan de ser un anuncio, lo que ha generado cierta confusión.
“Nosotras nos hemos reunido varias veces con el jefe de gabinete del señor alcalde y nos dicen que van a entregar diez permisos para las personas que trabajamos afuera del hospital. La pregunta es cuándo los van a entregar, porque no sirve de nada que nos digan eso, que podremos seguir acá, pero que por no tener los permisos nos sigan incautando las cosas”, dice Antonieta.
Ninguna está conforme en la “irregularidad”. Declaran que en un día normal pueden ganar entre 15 a 20 mil pesos diarios, por lo que “estaríamos felices de pagar permisos, impuestos o lo que nos pidan. Queremos trabajar tranquilas y ser un aporte a la ciudad, también. De verdad, mi máximo sueño es obtener un permiso para poder trabajar”, acota Isabel.
Fechas de entrega aún no se han dado.
“Hay que separar algunas cosas. Para nosotros no es grato que nuestros vecinos más vulnerables tengan dificultades para realizar sus trabajos y jamás la postura de la Municipalidad será la de impedir que lo hagan, pero lamentablemente -y lo vemos en todo el país- se ha hecho un muy mal uso de la calle y de los permisos. Nuestra primera tarea es garantizar la seguridad de las personas, de nuestros vecinos, erradicar la delincuencia y la incivilidad de la vía pública, por lo que estamos haciendo esfuerzos que nunca antes se habían hecho para ese objetivo”, aclara el alcalde.
Sin embargo, asegura que “debemos hacer un catastro y definir quiénes cumplen con los requisitos para obtener un permiso precario. Una vez realizado ese proceso, podremos garantizarles a los comerciantes ambulantes que podrán trabajar tranquilos, seguros y en mejores condiciones de lo que lo están haciendo hoy en día”.
La Torre de Babel
Chilenos, venezolanos, haitianos, colombianos, ecuatorianos (hablando en el dialecto de los otavaleños) y hasta brasileños tratando de vender hamacas en portugués, es parte de lo que un chillanejo puede encontrar a diario por las calles del centro de su ciudad.
Ninguno de ellos, con permisos municipales.
Las quejas respecto a que es cada vez más complejo caminar por calle El Roble entre Arauco y 5 de Abril están en cada una de las redes sociales en donde se habla del tema.
A diario, se informa sobre incautaciones de medicamentos o cigarrillos de contrabando. Y ahí siguen, siempre.
En especial dentro de la Plaza Sargento Aldea o por calle Maipón, entre Isabel Riquelme y Sargento Aldea.
Las incautaciones y operativos son diarios, pero la sensación de que nunca se acaban siguen ahí.
“Muchas de estas personas, por lo que se nos ha dicho, ni siquiera son de acá de la comuna. O son de otras partes de la región, o de otras regiones o de fuera del país”, advierte el presidente de la Cámara de Comercio de Chillán, Alejandro Lama.
El dirigente gremial añade que “se sabe que en todo el país ya se opera como una cadena. Hay personas que logran ingresar estos productos de manera irregular al país y las van distribuyendo por muchas ciudades para que se vendan en el comercio ambulante, entonces, ya no estamos hablando de personas necesitadas”.
La tarea no figura simple.
Alejandra Martínez, directora de Seguridad e Inspección Municipal explica que, además, “las agresiones verbales lamentablemente, son a diario para los funcionarios de Inspección, y la físicas de manera más esporádica, pero siguen presentes. Estamos conscientes de que es un riego latente que tienen los funcionarios por las características de sus funciones”.
Lejos de replegar esfuerzos, la directora asegura que se ha reforzado el patrullaje en horas de la noche, manteniéndolo hasta las 05:00 horas, los días más críticos, mientras que el resto de la semana se mantiene hasta las 02:00 horas.
Para otros comerciantes autorizados que trabajan en el casco comercial de la ciudad tampoco es sencillo marcar posiciones.
Algunos tienen miedo de ser agredidos por los irregulares si se llegan a quejar de manera pública y aunque exista un libro de socios, existan ciertas agrupaciones con presidentes y directivos reconocibles, admiten que el margen de decisión que poseen es tan marginal que prefieren vivir su día a día sin meterse en problemas.
Nadie, sin embargo, niega que preferiría no tener que ver a los ilegales en las calles, porque muchos de ellos, incluso, les resultan intimidantes.
Otros sienten empatía y hasta lástima por ellos. No hay un discurso único, no hay un solo idioma que los una como gremio. Por eso, nadie pareciera saber dónde está la raíz que se debe cortar para derribar el tronco, el árbol y todas esas ramas.
La batalla de 5 de Abril
El Gobierno Regional aprobó, la semana pasada, recursos por $3.356 millones para remodelar el patio Isabel Riquelme, de la feria central de Chillán, en donde se encuentra la mayoría de las pescaderías.
Por tal razón, se comenzó a remodelar el patio 5 de Abril, que hasta entonces estaba casi vacío, y así darles un espacio provisional a los comerciantes, mientras se realiza la remodelación.
Inaugurada la remodelación, el patio 5 de Abril quedará vacío de nuevo, pero con techumbre, baños, desagües, electricidad y algunos stands.
La apuesta del municipio es llevar a ese lugar a los ambulantes con permisos para entregarles un lugar digno. Se espera que la gente ya se haya acostumbrado a acudir a ese espacio, considerando que por casi un año los feriantes y mariscadores se llevaron a toda su clientela al patio 5 de Abril.
Hay quienes lo ven con esperanza, otros no están dispuestos a “experimentar” hasta que la gente se acostumbre a visitarlos ahí.
No asoma tan sencillo. Pero de lograrlo, sería la primera comuna del país en solucionar el conflicto del comercio ambulante ilegal. Falta más de un año para saber.
