En medio de las indagatorias que recién arrancan en el país, respecto al mal uso de las licencias médicas, por parte de funcionarios de diversas reparticiones públicas, el alcalde de Chillán, Camilo Benavente, ratificó que hasta el momento las cifras entregadas por la Contraloría General de la República, son coincidentes con las que el municipio registra, aunque también de manera preliminar.
De acuerdo a lo que dijo el jefe comunal a nuestro medio, “el informe emitido por Contraloría, recibido el pasado viernes, contabilizó un total de doce funcionarios que incurrieron en el uso de licencia médica para justificar ausencias laborales mientras realizaba un viaje fuera del país”.
Tal como aconteció en varias municipalidades y reparticiones gubernamentales en Chile, las respectivas jefaturas instruyeron sumarios e investigaciones para poder activar los protocolos disciplinarios, para ayudar a las investigaciones de Contraoloría, y en caso de detectarse situaciones reñidas con lo penal, informarlas al Ministerio Público.
En esta línea, Benavente aclara que “de forma inmediata, el mismo día viernes, se instruyó un sumario sobre todos los involucrados, tal como lo establece la ley”.
Respecto a las sanciones que se avizoran al respecto, el alcalde apunta a que aún no es posible determinar ni las sanciones, ni la cantidad de personas que serán objetos de estas medidas disciplinarias, mientras no se concluya con el paso anterior.
“Legalmente es necesario realizar un sumario para determinar las sanciones”, insistió.
El artilugio de las renuncias
Pese a que también ha sido constantante y permanente el que, por medios de comunicación masiva, se hagan públicas cientos de renuncias a las que se han acogido algunos de los personeros públicos que, de esta manera, han admitido que hicieron mal uso de estos beneficios.
Sin embargo, lo que pareciera ser -en lo superficial- una suerte de acto ético, puede ser también interpretado como una manera de evitar sanciones como la destitución, y de esa manera, no tener obstáculos legales para volver a postular a cargos públicos.
Consciente de ese riesgo, Benavente explica que “justamente para evitar este tipo de artilugios fue que nuestro municipio instruyó un sumario de forma inmediata, a menos de 24 horas de conocido los casos. En caso de que la sanción sea la destitución, la persona queda inhabilitada para ingresar a la administración pública por 5 años, aunque haya renunciado a su cargo”.
Para muchos expertos en orgánica pública del país, este fenómeno masivo e irregular, debería tener repercusiones en materia de legislación, métodos de fiscalización e incluso, en los requisitos a exigir para emitir una licencia.
“Efectivamente, si bien el informe da luces sobre una realidad que ha levantado muchas alertas y ha dado curso a un sumario por los casos descritos, siempre que tomamos conocimiento de hechos que pueden acarrear responsabilidad administrativa, tenemos la obligación y deber de iniciar las investigaciones administrativas que correspondan para esclarecer los hechos”, cerró.
