La Municipalidad de Bulnes, encabezada por su alcalde, Guillermo Yeber, la concejala Mireya Lorca y vecinos del sector, entregaron el día de hoy antecedentes a la Superintendencia de Medio Ambiente para que se investigue la venta de terrenos en el humedal laguna Santa Elena.
[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”Leer más” collapse_text=”Menos” inline_css=”width: 100%” ]La acción busca indagar la parcelación, para fines residenciales en terrenos rurales, sin permiso previo, que además de ir en contra de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, podría generar un daño ambiental y que los compradores a la larga no puedan adquirir el terreno y construir sus viviendas.
El proyecto llamado Hacienda Lilén, pretende parcelar 78 terrenos de 5 mil m2, con factibilidad de agua y luz para cada parcela según consigna la publicidad, de los cuales tienen vendidos aproximadamente más del 60% de los sitios.
El alcalde Guillermo Yeber dijo “nuestra preocupación como Municipio, es que este proyecto de loteo impacta directamente sobre la conservación y protección del patrimonio ambiental de la comuna, ya que por sus atributos esta zona está próximo a ingresar al proceso de ser declarado Santuario de la Naturaleza, estudio en curso financiado por nuestra Municipalidad”.
“Es por esto que hemos querido recurrir a la Superintendencia de Medio Ambiente con los debidos antecedentes para que investigue el eventual daño ambiental por la proliferación de estos núcleos habitacionales en predios de destino agrícola y de carácter rural”, agregó el edil.
De igual forma el alcalde solicitó a las autoridades nacionales reformar la legislación sobre esta materia: “Es fundamental debatir este tipo de problemas, el cual sin lugar a dudas está trayendo una complicación en materia de planificación rural, es por eso que reiteramos a las autoridades analizar esta situación y no pretender traer la ciudad al campo, siendo imperioso modificar el Decreto 3.516”.
En tanto, el equipo jurídico municipal, reafirmó estas palabras, señalando que el decreto 3.516 de 1980, que permite la subdivisión de predios rústicos en un mínimo de 5000 m2, y el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, que autoriza instalar una vivienda de predios agrícolas. Además, conforme al art. 3 del DS Nº 40 del Ministerio de Medio Ambiente, solo aquellos proyectos que superan los 80 lotes deben someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), lo que en la práctica ha determinado que muchos predios se subdividen en 79 o menos parcelas, como es este caso.
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