La Contraloría Regional de Ñuble está en proceso para determinar la legalidad de las quejas que presentaron concejales de Chillán respecto del bullado concurso de plantas que terminó con el nombramiento de siete directores de departamentos.
El llamado a concurso fue rechazado por una parte de los funcionarios municipales y ediles, que plantearon que se habría favorecido a algunas personas que, según ediles, carecían de méritos, y además no habían trabajado en las áreas que en la actualidad se desempeñan, a lo que suman que en algunos casos incluso estarían siendo investigados por Contraloría y la Fiscalía por varios casos que afectan al gobierno comunal.
Junto con ello, se planteó informalmente que algunos de los cargos habrían estado predeterminados, de tal manera que habría vicios en la formulación de las bases y los perfiles.
Igualmente, ediles critican que eventualmente los concursos y entrevistas habrían estado en manos de personas que están ligados por relaciones afectivas o de amistad con los postulantes.
Las quejas, elevadas a Contraloría, tuvieron una respuesta oficial de parte del municipio chillanejo. El escrito, entregado a los ediles, fue firmado por el actual secretario municipal, Pedro San Martín, y tuvo además la rúbrica del alcalde Sergio Zarzar.
“En este escrito, llama la atención que el actual secretario municipal realiza un análisis somero de los cargos y descarta los fundamentos de la queja expuesta, en la que él mismo era objeto de una impugnación, pues siendo funcionario y secretario municipal subrogante y abogado de Jurídica, postuló al cargo de secretario”, acusó Juan López Cruz, quien indica que “al menos debería haberse restado de haber realizado un examen de la demanda, pues el aparece como juez y parte”.
En tanto, el concejal Patricio Huepe García confirmó que aún no han tenido respuesta “de Contraloría a la presentación que hicimos”.
Jorge Vaccaro, en tanto, planteó que a pesar de la respuesta municipal siguen pensando que la entidad edilicia no debió haber realizado este llamado a concurso en tiempos electorales.
Municipio
En el escrito de concejales se planteó que el municipio carecería de un reglamento de concursos, a lo que se sumaba que las bases habrían sido elaboradas por el director de control (Wenceslao Vásquez) excluyendo la participación de otros funcionarios que determina la ley.
Se suma a ello que la lista de ganadores ya habría sido publicada en el diario y que los integrantes de la comisión que debe resolver las ternas para los concursos mantendrían conflicto de intereses o eventuales responsabilidades administrativas, civiles y penales, derivadas de investigaciones en curso.
Además, se expuso que la administración municipal habría incurrido en acciones arbitrarias al privilegiar el llamado a concurso para cargos directivos dejando sin resolver cargos vacantes de dos escalafones profesionales, técnicos, jefaturas y administrativos.
La municipalidad se defendió y expuso que “las bases cumplen con todos y cada uno de los requisitos establecidos en los artículos guías, reglamento aprobado por decreto alcaldicio, por la que estas bases no adolecen de vicio de legalidad alguno que pudiese provocar perjuicio en algunos de los postulantes”.
Respecto de la imputación referida a que los cargos que estaban definidos, se indica que “se basa en una hipótesis falsa puesto que a la fecha en que se planteó por la publicación de prensa no existía la referida lista de ganadores, dado que el concurso aún estaba en desarrollo”.
Respecto del rechazo a que concursen funcionarios eventualmente involucrados en irregularidades, se expone que “esta causal de impugnación deberá también ser desestimada pues se trata de una acusación grave e infundada que encierra en su planteamiento una imputación de falta de probidad sin que se hayan explicado de manera razonable y suficiente los hechos que la sustentan”.
En la carta firmada por el actual secretario municipal se indica que la acusación va dirigida en forma indeterminada en contra de los miembros del comité de selección sin precisar si la imputación lo es respecto de uno o más de sus integrantes, lo que le resta seriedad. Por lo demás la circunstancia de que un funcionario esté siendo objeto de una investigación en caso alguno lo priva de sus derechos y deberes estatutarios”.
