La Municipalidad de Chillán solicitó la aprobación del concejo municipal para llegar a un acuerdo extrajudicial con Nevados de Chillán, respecto del arriendo no cancelado durante el año 2020, como consecuencia de la pandemia que obligó a cerrar el predio cordillerano y pausar la concesión.
El alcalde Sergio Zarzar presentó este lunes el documento, donde constan las condiciones en las que se plantea la determinación a la que llegaron ambas partes, luego de un largo análisis de la condición social, económica y contractual.
Durante la sesión, la autoridad mencionó que “esta materia debe ser analizada tranquilamente por la comisión municipal y con todos los concejales y concejalas que la integran”.
El concejal Juan López Cruz indicó: “me parece prudente y necesario que el tema lo veamos internamente para conocer este acuerdo, que hasta ahora no conocemos”.
El concejal Jorge Vaccaro sostuvo: “tenemos que ver con atención lo que nos proponen; a mi entender la empresa debería haber pagado el año completo y no solamente una parcialidad”.
Lo concreto, resaltó, es que en una próxima reunión de comisión Termas, que dirige el concejal Víctor Sepúlveda, comenzará el estudio de la propuesta que busca confirmar o rechazar el acuerdo entre las partes.
Desde el año pasado a la fecha, el municipio contrató la elaboración de un Informe en Derecho a Luis Cordero Vega, doctor y profesor de Derecho
El objetivo era analizar la viabilidad jurídica de acceder a lo pedido por las concesionarias del Hotel Municipal y el dominio esquiable, esto es, la suspensión del pago anual de ambas concesiones.
Se espera que durante la comisión mencionada la municipalidad explique en profundidad el informe, que según López hasta ahora es desconocido por el concejo, pero es fundamental para entender el convenio que se busca aprobar.
Acuerdo
El documento busca “la aprobación de transacción extrajudicial a suscribir entre la I. Municipalidad de Chillán y las empresas Consorcio Chillán Uno S.A. y Consorcio Chillán Dos S.A., cuyo objeto versa sobre el pago de la renta fija año 2020, que dichas empresas deben enterar por la administración y explotación de los activos municipales dados en concesión, ubicados en el Predio Termas Minerales de Chillán, en virtud de la licitación nacional e internacional a que se llamó el año 2007”.
El motivo principal que impidió cancelar el arriendo 2020, que llegaba a unos $550.000.000, es la pandemia, cordones sanitarios, toque de queda y otras medidas.
De acuerdo a antecedentes municipales, el informe establece que no resulta conforme con las bases, ni con la normativa aplicable a las Concesiones, proceder a la suspensión de estas por motivos de fuerza mayor (se rompería con el principio de estricta sujeción a las bases)”.
No obstante, asimismo, “la jurisprudencia de Contraloría ha reconocido que es posible realizar excepciones al principio de estricta sujeción a las bases, cuando median hechos sobrevinientes e imprevisibles que pueden ser calificados como fuerza mayor o caso fortuito (dictamen N°6.890, de 2011), y ha declarado expresamente que la pandemia causada por el brote de Covid-19 es una situación de fuerza mayor que permite adoptar medidas extraordinarias (dictamen N°3.610, de 2020)”.
De esta manera, existiría “respaldo para proceder a la revisión de los contratos en el presente caso, considerando que el equilibrio económico se ha visto afectado (dictamen N°35.996, de 2005), y lo aconsejable sería hacerlo en el marco de una transacción, respetando los criterios y exigencias expuestas en el Informe en relación con este tipo de acuerdo”.
Se agrega que, si bien la municipalidad no tiene atribuciones para eximir del pago de concesiones, “el término anticipado de los contratos a la larga puede resultar más caro para la Municipalidad que su revisión”.
De lo expuesto, la mejor alternativa parece ser optar por la conservación de los contratos, negociando modificaciones con las concesionarias que sean convenientes para ambas partes”.
De esta manera, el acuerdo consideraría el pago correspondientes a los meses de enero a marzo de 2020 de las concesiones 1 y 2 (cuando pudo operar la empresa). La cifra que debería cancelar la concesionaria a la municipalidad llegaría a poco más de $100.000.000.
