Entre los meses de julio y noviembre de este año, muchos medios de comunicación de alcance nacional realizaron diversos reportajes de denuncias (tal como otra secuencia de noticias en 2017) respecto a los desorbitantes pagos por horas extras que estaban ejecutando municipalidades a sus funcionarios.
Algunas, como en las de Las Condes, Providencia o Vitacura, los montos superaban incluso los $7 mil millones. Pero el caso emblemático fue el de Viña del Mar, bajo la administración de Virginia Reginato, alcanzando los $57 mil millones, encendiendo las alarmas en todas las municipalidades del país, y las peticiones de sus concejales para transparentar cada caso.
Esa solicitud se hizo, también, en el Concejo Municipal de Chillán, siendo la concejala Brígida Hormazábal quien le puso voz a la petición. Semanas después, se les confirmaba que en la Municipalidad de Chillán no hubo casos de escándalos en los últimos años.
Sin embargo, en la actual administración quisieron ir un paso más allá y confirmaron que “se dispuso que ya no se pagará más las horas extras trabajadas por lo que solo podrán seguir siendo objeto de este beneficio aquellos funcionarios de cargos medios y bajos que, justificadamente, deban extender en más horas o días su jornada laboral”, anticipó a La Discusión el administrador municipal, Richard Guzmán.
Como fundamento, el ingeniero comercial planteó que los objetivos que persiguen con esta medida son, esencialmente, dos: evitar que haya mal uso de estos pagos -como se ha visto en varios municipios del país- y, de manera prioritaria, ahorrar recursos para destinarlos a necesidades de mayor enfoque social.
“La verdad es que si bien estamos lejos de estas cifras que motivaron esos reportajes, lo que se estaba gastando en horas extras en Chillán llegó a más de 30 millones de pesos en el año 2019, y ese dinero, perfectamente puede encontrar un mejor uso en la comunidad”, apuntó el administrador.
De esta manera, en los últimos meses de este año se llegó a tener un pago de horas extras de $6.347.000 mensuales. Es decir, se bajó en cerca de un 80% este ítem.
Vocación social
En la administración municipal admiten que no en todas las direcciones municipales la noticia fue bien recibida.
“Incluso, hubo un director que me dijo que la medida le parecía una ofensa, y que era además arbitraria. Pero la verdad es que es una medida que está contemplada en la ley, ya que la Contraloría nos obliga o a pagar por horas extraordinarias o bien a devolver los día trabajados, y en el caso de todos aquellos funcionarios que se encuentren en cargos del grado 5 al 1, entre ellos el administrador y el alcalde, se resolverá de esa manera”, precisó.
Sobre este punto, el alcalde, Camilo Benavente, destacó que “se supone que las personas que ingresan al servicio público tienen un grado de compromiso y de vocación de servicio. Cada una de estas personas que cuentan con cargos de responsabilidad mayor, tiene un sueldo que les garantiza un buen pasar en una ciudad como la nuestra. En cambio, las necesidades de contar con mayores recursos para muchas otras obras dentro de la comuna, son mayores”.
Otra medida adoptada es la de “transparentar” la hora de llegada.
Conforme a lo explicado a La Discusión, muchos funcionarios marcaban su hora de ingreso antes de las 8.00, y luego salían a hacer trámites personales como, por ejemplo, ir a dejar a los hijos al colegio. “Lo que se resolvió es, dar un margen mayor, es decir que puedan llegar y marcar su ingreso a las 8 y media, pero luego deben quedarse media hora más”, comentó el alcalde