Fue en mayo de 2025 cuando la Contraloría General de la República inició una investigación en múltiples organismos del país tras detectar un uso indebido de licencias médicas en miles de funcionarios públicos, que pese a estar con permisos de salud, registraban viajes al extranjero. El denominado “caso cero” fue el que abrió las sospechas e inició la indagatoria en todo Chile. Caso que se originó en el municipio de Chillán.
Diversas publicaciones e indagatorias situaron en la capital de Ñuble el primer hecho investigado por la Contraloría, vinculado a un requerimiento que expuso el uso irregular de licencia médica por parte de una funcionaria municipal que, pese a tener orden de reposo, viajó fuera del país.
Ese antecedente se transformó en uno de los primeros focos que empujaron la revisión más amplia de la Contraloría sobre el mal uso de estos permisos en el Estado.
En ese contexto, durante este lunes la Municipalidad de Chillán informó que concluyó el sumario administrativo asociado al caso, adoptando resoluciones finales.
A través del Decreto Alcaldicio N° 2.481, de fecha 27 de marzo de 2026, el municipio resolvió rechazar el recurso de reposición presentado y ratificar la medida disciplinaria de destitución de una funcionaria a contrata, luego de acreditarse una reiteración en el uso indebido de licencias médicas.
Según se estableció en la investigación originada por el Preinforme N°704 de la Contraloría Regional de Ñuble, la exfuncionaria quebrantó la indicación de “reposo total en su domicilio” al realizar viajes fuera del país durante el período de licencia. Según los antecedentes, la mujer viajó a Argentina, e incluso solicitó una nueva licencia desde allá, lo que agravó aún más la falta.
Adicionalmente, la municipalidad aplicó medidas disciplinarias formales a otros cuatro funcionarios involucrados por su responsabilidad, incluyendo al médico que le otorgó la licencia. Las sanciones correspondieron, según cada caso, a multa del 10% de la remuneración mensual y censura.
Tras las medidas, el alcalde Camilo Benavente sostuvo que para el municipio “era muy importante que esta investigación se desarrollara con seriedad y respetando el debido proceso”.
“En este sentido, somos los primeros en abogar por que las sanciones reñidas con la probidad sean sancionadas. Que esta investigación haya llegado a puerto respetando todos los tiempos e instancias administrativas es muy importante para proteger la confianza en la institucionalidad y dar señales claras de nuestro compromiso con la probidad”, agregó el jefe comunal.
Un proceso que llega a su fin
Para el concejal de Chillán, Rodrigo Ramírez, la sanción representa “una señal clara de transparencia y probidad”, indicando que “ni autoridades ni funcionarios está por sobre la ley; aquí hay que cumplir las normas como corresponde”.
“Fui de los primeros en levantar este tema y en reiterar mi preocupación por que existieran resultados oportunos. Hoy, después de 10 meses, podemos ver que a la funcionaria del caso cero se le aplicó la destitución, lo que se entiende considerando que hubo una reiteración en la falta a la probidad”, agregó el edil.
Ramírez aclaró que si estas faltas tienen sanciones como la destitución “que así sea”.
“Ahora viene una segunda oleada de sumarios, y creemos que, si se repiten situaciones como las del caso cero, lo más justo es que la ley sea pareja para todos. Si eso involucra destituciones, que así sea”, cerró Ramírez.
