A esta misma fecha, en octubre de este año, ya tendremos nuevas autoridades elegidas para los sillones edilicios de las 21 comunas de nuestra región. El próximo 27 de ese mes (probablemente también el 26) se celebrarán las elecciones para elegir alcaldes y concejales. Y aunque aún no son claras las consecuencias de la obligatoriedad del voto, estamos a una distancia prudente para reflexionar localmente sobre algunos aspectos asociados a este nuevo escenario configurado por la incorporación de más de 200 mil personas que se mantuvieron al margen de los anteriores comicios municipales.
Según académicas, expertas y consultores entrevistados en la Edición Domingo, buena parte de las personas que volverán a votar se han marginado de procesos anteriores -con voto voluntario- por su decepción con el sistema político en general, pero también por el pobre desempeño a nivel local. Desde el punto de vista socioeconómico, pertenecerían a grupos medios-bajos y bajos y no se identificarían con el eje izquierda-derecha.
Sin embargo, hay analistas que consideran un buen precedente los últimos plebiscitos constitucionales con voto obligatorio, pero la verdad es que difícilmente en una elección municipal se va a replicar una votación tan ideologizada. En los comicios municipales el conocimiento de las problemáticas locales, y la cercanía de candidatos y candidatas con la comunidad son lo más relevante.
De hecho, en un mundo tan tecnologizado, la sugerencia de realizar campaña “puerta a puerta” parecería absurda, sin embargo, la cercanía, la mirada a los ojos o la palabra bien expresada, no puede suplirse, y como tal es valorada por la ciudadanía. Diferentes estudios así lo confirman. Las personas necesitan ese contacto directo que genera confiabilidad y que no se suple por herramientas digitales y otros soportes tecnológicos.
En un año plagado de casos complejos de corrupción, el mundo municipal no debería escapar a ello. En Chillán, por ejemplo, sigue abierto judicialmente el caso led, que viene de la anterior administración municipal, mientras que en San Ignacio, Ñiquén y Bulnes, sus alcaldes electos fueron detenidos, removidos y también enfrentan a la justicia por corrupción en el llamado caso cuentas corrientes. Y este cuadro podría ampliarse bastante si resultan efectivas denuncias por diferentes delitos que involucran a autoridades y funcionarios de otros ocho municipios. En consecuencia, así como debemos exigirle más transparencia y mayores estándares éticos a personeros del gobierno y a los parlamentarios, la próxima elección municipal debiese estrenar los mismos temas en el ámbito local, definiendo también nuevos estándares de transparencia sobre el financiamiento de campañas y sobre la honestidad intelectual de los candidatos y candidatas incumbentes, como para las caras nuevas.
Por último, las ciudadanas y ciudadanos debemos ser capaces de distinguir entre la realidad política y la demagogia, y no dejarnos seducir por propuestas artificiosas, acciones efectistas y otras formas burdas de conseguir el voto y adhesión política.
