Un total de 80 audiencias por delitos de violencia intrafamiliar, se desarrollaron en la Región de Ñuble durante el periodo de cuarentena recientemente finalizado.
De ellas, 31 personas fueron formalizadas en el Juzgado de Garantía de Chillán durante los 25 días de la restricción sanitaria imperante en las comunas de Chillán y Chillán Viejo.
Estas cifras fueron analizadas por el presidente de la Corte de Apelaciones de Chillán, magistrado Guillermo Arcos, quien observó que, desde lo estrictamente estadístico, se trata de cifras que no denotan algún aumento significativo en comparación con un mes normal de los últimos años.
Salvo por los 17 casos que se registraron en Bulnes y que suponen un aumento cercano al 20% a un mes ordinario.
Otro factor a destacar es el que en cerca del 40% de las denuncias tuvieron como víctimas a niños y a adolescentes, mientras que mujeres y adultos mayores se vieron afectados en un 30% de los casos cada uno.
De acuerdo a los antecedentes, en la totalidad de los casos se estableció la cautelar de prohibición de acercarse a la víctima, sumado a la obligación de hacer abandono del hogar que comparte con la víctima.
Miedo al coronavirus
La seremi de la Mujer, Bárbara Hennig, ha debido explicar en diferentes oportunidades por qué hay una alta brecha entre las cifras de denuncias que ha recibido Carabineros o, ahora, las audiencias por VIF, en contraste con el alza del más de un 80% en la cantidad de llamados a la plataforma 1455, dispuesta por el Gobierno, para orientar a quienes padecen de maltrato familiar.
“Es algo complejo de explicar y tal vez es porque las razones son múltiples”, advierte.
Apunta, por cierto al miedo, a la vergüenza, al perjuicio económico o a la esperanza que algunas mujeres albergan de que su situación mejore.
“Pero, en esta cuarentena, muchas mujeres nos han dicho que no se atreven a denunciar, porque este trámite exige una constatación de lesiones que se entrega en el hospital y no quieren ir por miedo a contagiarse el coronavirus”, planteó la autoridad.
Respecto a este obstáculo, en la Seremi de la Mujer están buscando estrategias para lograr que en el hospital o en los centros de salud comunales “se ponga a disposición de una sala especial y exclusiva para estos casos, que lamentablemente son muchos”.
En las otras comunas
En Quirihue se realizaron nueve audiencias; en el Juzgado de Garantía de Yungay fueron formalizadas siete personas; en el Juzgado de Letras y Garantía de Coelemu se efectuaron 12 audiencias, mientras que en Bulnes hubo 17.
Por último, en el Juzgado de Garantía de San Carlos hubo cuatro imputaciones, lo que totaliza 80 audiencias a nivel regional.
En lo sancionatorio, el ministro Arcos advirtió que fuera de las penas por actos de violencia o amenazas puntuales, “en materia penal se ha establecido el delito de maltrato habitual que se sanciona con una pena que va desde 61 días y puede llegar a tres años, salvo que el hecho de violencia intrafamiliar sea constitutivo de un delito de mayor gravedad”.
