El jefe de gobierno de Caracas, Darío Vivas, murió este jueves a los 70 años, casi un mes después de haber dado positivo a COVID-19, informaron el presidente socialista Nicolás Maduro y otros altos funcionarios.
“Una inmensa tristeza embarga nuestro corazón por la partida física de un gran hermano de la vida, Darío Vivas. Un revolucionario a toda prueba”, dijo Maduro en Twitter.
Al presentar en esa red social el balance diario de casos de COVID-19 en Venezuela, en medio de múltiples mensajes de voceros del gobierno chavista, la vicepresidenta Delcy Rodríguez aseguró que el dirigente estuvo entre los doce fallecidos de la jornada “a causa de este terrible virus”. Vivas había confirmado su contagio el 19 de julio.
“Qué tristeza mi compa (…), a su familia, amigos, compañeros, un abrazo de pesar y dolor”, expresó por su parte Diosdado Cabello, número dos del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y presidente de la Asamblea Constituyente que rige en el país caribeño, que en la práctica tomó las atribuciones del Parlamento, único poder controlado por la oposición.
Varios dirigentes del oficialismo han anunciado en las últimas semanas haber dado positivo por el nuevo coronavirus, entre ellos el propio Cabello, así como Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación e Información, y Tareck El Aissami, ministro de Petróleo.
Cabello y El Aissami aseguraron haber superado la enfermedad.
Vivas es el primer funcionario próximo al gobierno de Maduro que fallece por el virus, cuya propagación se viene acelerando en Venezuela.
Según cifras oficiales, cuestionadas por la oposición y organizaciones como Human Rights Watch por considerar que esconden una situación mucho peor, este país de 30 millones de habitantes acumula 30.369 contagios confirmados, con 259 muertes.
Venezuela superó el martes los 1.000 casos en un día por primera vez y volvió a ir más allá de esa cifra el miércoles y el jueves.
El gobierno de Maduro declaró una cuarentena desde mediados de marzo. El confinamiento alterna períodos de “radicalización”, que obligan al cierre de negocios con la excepción de supermercados, farmacias y otros comercios considerados “esenciales”, y períodos de “flexibilización”, que permiten la reactivación del resto de los sectores.
