De acuerdo a la última publicación de la encuesta Enusc, que mide las variables asociadas a la seguridad pública, la Región de Ñuble alcanzaba un 19,2% de victimización, lo que suponía un descenso de cerca de un 4% respecto al año anterior.
Dentro de estas mediciones, un factor determinante a tasar es la cifra de denuncias y de detenidos que deja un procedimiento policial, del que se invita a desprender que a más altos números, mayor eficiencia demuestra el sistema.
Sin embargo, el defensor regional de Ñuble, Marco Montero, en su última cuenta pública planteó que esa asociación es incompleta, puesto que no hace la sustracción de casos que terminaron en absolución o con orden de no perseverar, de parte del Ministerio Público y que, a su entender, demuestra que hubo detenidos e imputados que resultaron ser inocentes.
“Lo que planteo es que una mayor judicialización de los casos, no necesariamente implica una mayor eficacia en la persecución penal”, explica.
Y pese a que en 2019, coincidentemente con los resultados de la Enusc, hubo un 15,4 % más de ingresos al sistema penal judicial, las estadísticas de la Defensoría Penal de Chillán hablan de un 5% más de absoluciones, un 35% más de sobreseimientos definitivos y de otro 27% de salidas alternativas propuestas por la Fiscalía.
“Si se habla de este 15,4% más de ingresos, lo que la gente espera es que hubiera un 15,4% más de procedimientos exitosos, de juicios condenatorios. Pero lo cierto es que cuando revisa los resultados de las condenas, se ve una diferencia entre aquello que se judicializa y aquello que se termina”, advirtió.
A entender de Montero, se trata de un fenómeno multifactorial. “Pudiera ser que se partió con una investigación muy insuficiente, podemos encontrarnos con imputaciones erradas, o testimonios equívocos. En síntesis, cuando se amplía el abanico de formas para imputar de delito a una persona, también se amplía el abanico de margen de error”.
Delitos recalificados
El defensor regional también hizo hincapié en que otro factor a considerar es la cantidad de casos que han ingresado al sistema judicial caratulado como un delito determinado, pero que con el correr de la investigación y tras los alegatos en los tribunales, se termina fallando por otro delito, lo que se denomina recalificación.
Aunque estos casos no fueron tabulados para la última cuenta pública.
“Eso es algo que nos preocupa. Cuando se tiene en el año 2018, 579 casos que calificaron como inocentes y en el 2019, eso aumentó a 825 casos, estamos hablando que hay un 28,8% más de personas, cuyas causas terminaron en absolución porque eran inocentes.”, detalla.
Lo anterior también entra en el debate de las políticas públicas y lo que el defensor regional considera una “presión social” para que haya más detenidos y mayores condenas.
“Existe esta idea, que mientras más rápido realizas una investigación, mientras más rápido detengas a una persona, o que mientras más rápido se deje a una persona tras las rejas, vas a ser efectivos. Pero lo cierto, luego de analizar las causas por las que se llega a un veredicto absolutorio, por lo general eso está vinculado a investigaciones judiciales deficientes, errores en la sindicación de una persona como la responsable de un delito, por prueba incriminatoria feble o escasa para que un juez pueda dictar un fallo condenatorio. Y ahí está la explicación”, sostuvo
Respecto al hecho que Ñuble sea la tercera región con mayor tasa de ingresos al sistema judicial penal en el país, Marco Montero concluye que “esto puede deberse, probablemente, a una decisión que no es ni de las policías ni, menos, de la Defensoría. Tiene, más bien, relación con una decisión del Ministerio Público de judicializar un mayor número de casos. Pero, insisto, hay que revisar cómo terminaron esos casos”.
