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Los tropiezos que sigue enfrentando el proyecto de embalse La Punilla, han incrementado a nivel local las críticas hacia el Ministerio de Obras Públicas, señalado por los regantes y por parlamentarios como el responsable de llevar adelante la iniciativa clave para el desarrollo económico de Ñuble.
Tanto la Junta de Vigilancia del río Ñuble (JVRÑ), que agrupa a unos mil regantes, como legisladores de la zona, exigen un rol más activo del MOP en la gestión del proyecto concesionado a Astaldi, cuyo retraso tiene cada vez más inquietas a las autoridades.
Según el cronograma de obras, en agosto próximo debiera comenzar la construcción del embalse, sin embargo, hasta ahora la empresa concesionaria ni siquierea ha concretado la instalación de faenas.
Y es que el proyecto se encuentra paralizado por las medidas cautelares decretadas por el Tercer Tribunal Ambiental, en el marco de la demanda por daño ambiental interpuesta por 10 familias de San Fabián afectadas por el proyecto, las que se han negado a firmar el convenio de relocalización. Algunas de ellas fueron desalojadas en noviembre pasado con el apoyo de Fuerzas Especiales de Carabineros, lo que derivó en la solicitud de las cautelares.
Y si bien está la puerta abierta para llegar a un acuerdo entre los demandantes, la concesionaria y el MOP, ello se sabrá recién el 11 de septiembre próximo, fecha de la próxima audiencia de conciliación en Valdivia, lo que descarta la posibilidad de partir con los trabajos en agosto.
Hasta esa fecha, se levantó la medida cautelar específicamente en lo que se refiere a aquellas familias que acepten firmar el plan de desarrollo social para su relocalización.
Pero además existe un conflicto que podría seguir escalando entre el MOP y la concesionaria, cuyo último episodio se conoció en junio, cuando la empresa presentó una reclamación ante el panel técnico de Concesiones, por una discrepancia en la capacidad de almacenamiento del embalse, alegando que existiría un error del MOP, pues de acuerdo a los estudios de topografía realizados por la firma, la capacidad efectiva sería un 10% menor. Por esto, la concesionaria alega que esta menor capacidad le impediría cumplir con el servicio básico de entrega regulada de agua, y que genera efectos económicos adversos en el servicio complementario de producción de energía hidroeléctrica. Sobre esta base, solicita que se modifique el contrato de concesión y que se le compensen los perjuicios económicos, en un monto que fluctúa entre 91 y 170 millones de dólares.
Esta discrepancia terminó por agotar la paciencia en el MOP, cuyo subsecretario, Lucas Palacios, cambió el tono en esta materia, manifestando que la obra se construirá con o sin la concesionaria. De hecho, ya se están estudiando las distintas salidas a esta crisis, entre ellas, poner fin anticipado al contrato con la concesionaria, para lo cual se debe verificar un incumplimiento contractual o una dilación de al menos un 30%, lo que hasta ahora no ha ocurrido.
Regantes piden decisiones
El gerente de la JVRÑ, Salvador Salgado, manifestó que “esta región va a albergar los tres embalses más grandes de riego a nivel nacional que se complementan: La Punilla, Zapallar y Chillán. Si estos son proyectos dependientes del MOP, hay que fortalecer la unidad regional en términos de un único objetivo: los embalses. Si vas a tener bajo tu administración tres embalses muy grandes, también tienes que fortalecer a nivel regional el equipo de profesionales que trabaja al alero del MOP en virtud de obras de regulación, que no es la misma necesidad que tienen en otras regiones”.
En esa línea, el profesional afirmó que “falta potenciar el equipo en términos de expertiz de embalses aquí en la región. Esto yo se lo planteé al ministro, y le pedimos también que tuviésemos una interlocución válida”.
“Mi crítica es directa al MOP, porque al menos comunicacionalmente, en términos de gestión, no le ha dado la relevancia que tiene el embalse La Punilla a la construcción y al crecimiento de esta nueva región”, subrayó Salgado.
Inquietud parlamentaria
Los dirigentes de la JVRÑ se han reunido con parlamentarios de la zona para analizar el escenario actual y los pasos a seguir, no descartándose movilizaciones.
A nivel parlamentario la inquietud también es creciente y las críticas también apuntan al rol que ha jugado el MOP en este proceso.
El diputado Jorge Sabag expresó que “hemos solicitado al MOP, que tenga un seccretario ejecutivo permanente, de dedicación exclusiva aquí en Ñuble, y no gestionar esto desde Santiago”.
El legislador añadió que “creemos que es necesario llegar a un acuerdo con los demandantes, de manera que podamos llegar a un acuerdo extrajudicial y que la vía judicial se despeje; y también el compromiso por parte del MOP de que éste es un proyecto de interés nacional”.
Por su parte, el diputado Carlos Abel Jarpa anunció que “voy a oficiar al MOP para que se me señale cuál va a ser la decisión que se va tomar con respecto a la situación que hoy estamos constatando, con la paralización del embalse La Punilla, en que no se está cumpliendo su cronograma, nosotros creemos que está en riesgo la construcción de La Punilla, un proyecto que es fundamental para Ñuble”.
En tanto, el senador Víctor Pérez, anunció que “el 18 de julio el ministro de Obras Públicas nos recibirá junto a los dirigentes de la Junta de Vigilancia en Concepción, para analizar junto a los regantes esta situación, que no solo es un tema de un proyecto más o menos, sino que un símbolo político de nuestra Región de Ñuble, que es una región agrícola, la que sin agua, pierde sus potenciales”.
El diputado Frank Sauerbaum, quien esta semana se reunió con el ministro Alfredo Moreno, mencionó que le expresó que “estamos súper preocupados por el embalse, que los regantes tienen el temor de que las obras no se ejecuten, que es evidente que hay falta de interés de la empresa de llevar adelante el proyecto y que da la sensación de que están buscando excusas para no llevar adelante el proyecto”.
Suaerbaum agregó que “nosotros queremos que el Gobierno tome medidas, considerando que en agosto debiera comenzar la instalación de faenas según el contrato, y no vemos nada, pues independiente de la paralización judicial, Astaldi podría instalar las faenas”.
En ese sentido, comentó que el secretario de Estado le manifestó que “hasta el momento Astaldi no ha incumplido nada, que tenemos esperar que efectivamente Astaldi inclumpla para poder hacer el cuestionamiento que yo le hago, porque en el fondo, lo que yo le estoy pidiendo al Gobierno, es que si sabemos que Astaldi no está en condiciones de llevar la obra adelante o simplemente no la quiere hacer, porque francamente hoy el negocio eléctrico no es negocio en las condiciones que está, el Gobierno tome una decisión rápida y busquemos una fórmula de financiamiento alternativa, porque hay varios problemas: primero, Astaldi no quiere ejecutar este proyecto, porque no debe tener caja para hacerlo y porque los precios de la energía eléctrica son más bajos de lo que ellos habían licitado inicialmente, y tienen un problema práctico, ellos no están en condiciones de vender este proyecto, porque aunque lo quisieran vender, ¿quién se los va a comprar si hoy el negocio eléctrico no es negocio? No se sostiene una inversión sin un mayor aporte del Estado y ésa va a ser la discusión que debemos tener, entonces yo le planteé que sinceremos las posiciones y nos preparemos para el peor escenario”.
Al respecto, el diputado destacó que “el peor escenario es que la empresa dilate lo que más pueda la construcción buscando excusas como el problema en los tribunales, y terminemos el Gobierno y no se haya puesto una sola piedra”.
Frente a esto, Sauerbaum afirmó que la estructura de financiamiento debiera ser otra, con un mayor subsidio del Estado de lo que estaba proyectado.
Se abren escenarios
La crisis del proyecto La Punilla ha llevado a plantear distintos escenarios para salir de ella, donde poner fin anticipado al contrato con Astaldi es el escenario más mencionado.
En ese contexto, el diputado Jarpa sostuvo que se debe evaluar la posibilidad de cambiar el modelo de financiamiento y optar por construir el embalse con recursos fiscales, a través del DFL 1.123 de grandes obras de riego, vale decir, sin concesión.
Al respecto, el subsecretario Palacios reconoció que ésa es una opción que se estudia en el Ministerio, sin embargo, también comentó que una nueva licitación podría tomar más de un año, e incluso dos, por lo que el inicio efectivo de la construcción podría ocurrir en 2021 ó 2022.
Otra alternativa es la venta del proyecto por parte de Astaldi a otra empresa interesada en desarrollarlo, lo que evitaría la burocracia de una nueva licitación. Según el gerente de la JVRÑ, “no entendemos por qué no se ha barajado esa opción, este proyecto todavía es muy atractivo”.
Asismismo, Salgado sostuvo que es probable que el Gobierno opte por el financiamiento fiscal del proyecto a través del DFL 1.123, e hizo hincapié en que dicha inversión sería recuperada ampliamente por el Estado, debido a los numerosos beneficios económicos que generan los embalses.
