El Ministerio de Obras Públicas informó que el pasado lunes 2 de septiembre, a través de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, presentó ante la comisión arbitral formada por los señores Mario Barrientos, Carlos Mercado y Jaime Jara, una demanda de extinción de la concesión del embalse La Punilla por “incumplimientos graves por parte de la concesionaria”.
Según se indicó, la presentación de la demanda se basa en que “la Sociedad Concesionaria Aguas de Punilla S.A. no cumplió con su obligación de enterar el capital social de $40 mil millones dentro del plazo que venció el 10 de agosto de 2019 -reduciéndose su capital al monto efectivamente suscrito y pagado-, y no reconstituyó la garantía de construcción dentro de los 15 días siguientes al cobro de la garantía original por parte del MOP”.
De acuerdo a lo informado por el MOP, “la comisión arbitral deberá dar trámite a esta demanda y pronunciarse sobre la misma conforme a derecho”; y se aclaró que mientras se tramite el arbitraje el contrato se mantiene vigente y la concesionaria debe continuar cumpliendo sus obligaciones.
“Una vez que la comisión arbitral declare la extinción, el MOP definirá si relicitará el actual contrato o si lo terminará para licitar el proyecto bajo la ley de concesiones o como una obra directa”, concluye la declaración oficial.
Esta medida viene a confirmar lo que se especulaba hace meses y es justamente lo que habían solicitado tanto los regantes de la Junta de Vigilancia del Ro Ñuble (JVRÑ), como distintos actores políticos.
Los hechos se aceleraron cuando se cumplió el plazo para enterar el capital social, lo que llevó al MOP a hacer efectivo el cobro de una garantía por $16 mil millones.
La decisión de poner fin anticipado al contrato se conoce luego de una tensa incertidumbre entre los regantes respecto del futuro del proyecto, el que se ha visto envuelto en una serie de tropiezos, como el frustrado proceso de desalojos que derivó en su paralización judicial en diciembre pasado; o la diferencia en el cálculo de la capacidad de almacenamiento del embalse, que derivó en junio pasado, en una presentación de Astaldi ante el panel técnico exigiendo una compensación de hasta US$170 millones, que reconoció el error del MOP e instó a las partes a buscar un acuerdo.
En ese contexto, a fines de agosto Astaldi envió una carta al MOP en la que planteaba la falta de certezas por parte del MOP, y a la vez, reafirmaba su compromiso con el desarrollo del proyecto.
Reacciones
Desde la JVRÑ, su presidente, Margarita Letelier, aplaudió la decisión. “Creemos que es una señal importante por parte del MOP, y está directamente relacionado con los compromisos adquiridos por el propio ministro de Obras Públicas en la reunión que sostuvimos hace unas semanas. Agradecemos al ministro Alfredo Moreno esta importante decisión y en esa misma línea recordar que la concesionaria Astaldi tuvo incumplimientos graves del contrato y además, se enfrenta a una situación económica en crisis, antecedentes que han dilatado la construcción del embalse”, afirmó.
De igual forma, Letlier planteó la expectativa de modificar la fórmula de financiamiento del proyecto. “Esperamos que en lo que sigue, el Gobierno pueda informar cuál será la solución de financiamiento para este embalse trascendental para la agricultura de Ñuble, un modelo que tenga como eje central la pronta ejecución de la obra. En ese contexto, reiteramos que siendo este proyecto tan estratégico para el país, es necesario que el MOP analice y tome conciencia que se deba construir con financiamiento propio del Fisco y de esta forma, sea acorde con los tiempos y necesidades reales de un mundo rural cada vez más castigado por las sequías”, sentenció.
