El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) precisó los aspectos jurídicos de la expropiación de terreno donde se emplaza la megatoma de San Antonio. Esto, tras el anuncio de diputados de RN que el miércoles ingresaron un requerimiento ante la Contraloría para evaluar la legalidad de la orden.
Según datos del Minvu, la expropiación implica un gasto de unos $11.000 millones por la adquisición de 100 de las 215 hectáreas que constituyen el total del terreno.
A través de una declaración pública, el Minvu reafirmó su “total respeto del uso de la institucionalidad”.
“La potestad de expropiar se fundamenta en la necesidad de alcanzar un fin público que no puede lograrse por otros medios”, recalcaron.
“El caso de la toma Cerro Centinela representa una situación de urgente necesidad habitacional que afecta a más de once mil personas inscritas en el catastro oficial de campamentos del Minvu del año 2024. Serviu posee la facultad de expropiar y nuestra legislación consagra una causal de utilidad pública general para llevar a cabo programas propios del Minvu. Una sentencia judicial que ordena un desalojo debe cumplirse, pero no extingue la utilidad pública ni la facultad expropiatoria del Serviu, ni convierte el inmueble en inexpropiable”, insistieron.
Piden evitar polarización
Además, reafirmaron que “la expropiación en este caso no se enmarca en una estrategia para evitar el desalojo, como lo han planteado erróneamente algunos actores, sino que, al contrario, la adquisición vía expropiación de los terrenos se realizará con la finalidad de implementar los programas habitacionales del ministerio, con un plan habitacional que pueda, además, integrar a otras familias y forma parte de las medidas para dar cumplimiento a la sentencia de los Tribunales de Justicia”.
“Con dicho objeto, el Gobierno ha presentado en tiempo y forma el plan de desalojo a la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Asimismo, se ha informado a la I. Corte que se procederá a la expropiación parcial del terreno de marras“, detallaron respecto del desalojo de la parte no expropiada.
“Entregaremos nuestros argumentos técnicos, sociales y jurídicos en las instancias judiciales y administrativas que se requieran, pero es necesario hacer un llamado a evitar la polarización y el escalamiento del conflicto”, expresaron desde el Minvu.
