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La ministra de Salud, Ximena Aguilera, dijo este miércoles que los objetivos de la ley corta de isapres se cumplieron y el Gobierno no tiene contemplado proponer una modificación, sin perjuicio de lo que plantee el Congreso.
Esto, en medio de las recriminaciones cruzadas entre el Ejecutivo y Legislativo por los cuestionados planes de pago a los afiliados, que debieron en exceso por sus planes entre entre 2020 y 2024.
El caso volvió a la primera plana luego de que las aseguradoras primadas de salud confirmaran el pago de los cobros excesivos en hasta 156 meses, con episodios absurdos en los que algunos usuarios recibirán, por ejemplo, 1.000 pesos mensuales durante 13 años.
Esta tarde, el superintendente de Salud, Víctor Torres, explicará ante la Comisión de Salud del Senado el cómo y en qué condiciones fueron aprobados los planes de ajuste y pago.
“Nosotros no hemos pensado presentar iniciativas, pero vamos a estudiar lo que planteen los parlamentarios”, señaló Aguilera en una actividad para la prevención del VIH en la Casa Central de la Universidad de Chile.
La secretaria de Estado indicó que la ley corta “fue resultado de una discusión que fue compleja y fue lo que se logró acordar para mantener la estabilidad del sistema”.
“Para nosotros, el haber logrado que no se haya intervenido ninguna isapre y que no haya quebrado ninguna clínica, que no haya quebrado ninguna isapre, es un logro”, añadió la titular de Salud.
Los cuestionamientos al Gobierno
En tanto, siguen generando molestia -incluso en parlamentarios oficialistas- las primeras declaraciones de la ministra vocera, Camila Vallejo, que de alguna manera endosó la responsabilidad en el Congreso cuando señaló que el proyecto de ley corta salió de una manera distinta a como la propuso el Ejecutivo.
“A mí me parece que lo primero que debe hacer la ministra es partir despejando toda la duda que sembró el propio Gobierno respecto a que la responsabilidad de aceptar los planes que se le ofreció a cada cotizante era de los parlamentarios”, señaló el diputado Jaime Araya (Ind-PPD).
En esta línea, el parlamentario también se cuestionó: “¿Quién tomó la decisión de aceptar estos planes ridículos de pagos de 300, 500 o 600 pesos? Fue el propio Gobierno a través del superintendente”, dijo.
Por su parte, el diputado Eric Aedo (DC) acusó que “a portas de elecciones el próximo año, salvar la responsabilidad endosándole solo a un actor, en este caso cuando acá se aprobó esa ley, la verdad que me parece bastante injusto”.
Mientras que su par Andrés Giordano (FA) indicó que “lo que cabe preguntarse es si efectivamente el resultado de la reforma fue solo salvar el sistema íntegro de salud, o si efectivamente se le generaron condiciones excesivamente flexibles a la industria para saldar una deuda que deriva finalmente de un abuso hacia los afiliados y afiliadas”.
“Más allá de que el Ejecutivo haya anunciado que no tiene ninguna iniciativa pensada en términos legislativos, el Frente Amplio ya presentó un proyecto”, anticipó el parlamentario.
Ya son varios proyectos presentados, entre ellos se destaca uno para reducir a solo cinco años el plazo máximo de devolución y otra para establecer que el monto mensual mínimo a devolver sea de una unidad de fomento.
