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Con 35 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones, el Senado visó el informe de la comisión mixta sobre el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública. De esta forma, la iniciativa queda a un paso de convertirse en ley, ya que hoy la Cámara de Diputadas y Diputados deberá hacer lo propio, con lo que quedaría lista para ser promulgada.
Si bien el respaldo fue mayoritario, el proyecto no concitó el apoyo de los gobernadores regionales, el cual se traspasó hacia algunos legisladores.
Entre los cinco senadores que rechazaron la iniciativa, estuvo el representante local de la UDI, Gustavo Sanhueza.
“Mi postura es a favor de la creación de un Ministerio de Seguridad Pública, pero no esta propuesta, que está concebida como una mera ampliación de la orgánica del Estado, reorganizando estructuras existentes, pero sin un estudio acabado de las problemáticas de fondo y sus eventuales soluciones”, sostuvo.
Según el parlamentario, “el proyecto no se hace cargo de las realidades regionales, donde más bien se plantea una estructura centralizada, con más burocracia y sin atribuciones reales para los gobiernos regionales y municipios. El informe de la comisión mixta, además, no aborda la sinergia que debe existir entre instituciones en materias operativas, debilita a los delegados presidenciales, y la figura del seremi de Seguridad es poco clara.
Por otra parte, observo una ausencia de principios básicos de la administración del Estado, como el de austeridad y de eficiencia al momento de diseñar e implementar la política pública. Por el contrario, el proyecto se plantea como una respuesta fácil y simple de crear más estructuras, pero sin claridades respecto del tratamiento de un problema mucho más complejo”, advirtió.
Sanhueza dijo echar de menos en la discusión “un análisis más amplio de la arquitectura institucional. Fue una oportunidad perdida para haber hecho ajustes en el Ministerio del Interior, Ministerio Secretaría General de Gobierno y Ministerio Secretaría General de la Presidencia, optimizando un modelo de gestión más austero en lo económico, eficiente y eficaz para el Estado. En síntesis, el proyecto carece de una mirada estratégica, es poco innovador y parece ser más bien una solución simplista para el principal problema que afecta a los chilenos”, argumentó.
Rechazo de los Gores
Previo a la votación en el Senado, los gobernadores del país se reunieron con la ministra del Interior, Carolina Tohá, para darle a conocer sus aprensiones respecto del proyecto. También llamaron a los parlamentarios a tener “sintonía” con las regiones. Así lo expresó el gobernador de Ñuble, Óscar Crisóstomo.
“Se debe tener más fuerza en las regiones para combatir el narcotráfico, y los delitos en el territorio; y no simplemente una mayor presencia de funcionarios centrales, que no responden a las necesidades que tenemos en nuestra región. Sin ir más lejos, en el último tiempo hay dos evidencias claras de votaciones de los parlamentarios que han afectado negativamente a la ciudadanía, como es el caso de la ley corta de Isapres, que era necesaria, pero que terminó perjudicando a la gente; o la ley que permitió descongelar las tarifas eléctricas que significó que todos tuviéramos un alza en el costo de la luz y también terminamos perjudicados. Cada uno de esos proyectos de ley, se han votado en el Congreso y han sido presentados por el Gobierno Central”, sostuvo.
A su juicio, “el Gobierno Central profundiza la burocracia en las regiones y se deja atrás, lamentablemente, el compromiso que existía de terminar con la figura de los delegados presidenciales, y al contrario, agrega más funcionarios y más gastos con el nuevo seremi de Seguridad”.
El gobernador recordó, además, que desde finales del 2023 no hay avances del proyecto de ley que consagra funciones en materia de prevención social, situacional y comunitaria del delito y de apoyo y asistencia a víctimas a los gobiernos regionales, el que se encuentra en primer trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados.
