El Ministerio de Justicia le solicitó al Consejo de Defensa del Estado (CDE) recurrir ante los tribunales civiles para pedir la disolución de la Fundación Democracia Viva, la corporación con la que la Seremi de Vivienda de Antofagasta suscribió contratos irregulares y que destapó el Caso Convenios.
Tras recopilar antecedentes en el Servicio de Registro Civil e Identificación de la Municipalidad de Ñuñoa y de la propia entidad, la Subsecretaría de Justicia decidió solicitar la acción al CDE, porque se detectaron “diversas faltas” de carácter legal.
Se detectaron diversas faltas de carácter estatutario y legal, cometidas por el directorio de la fundación lo que hace necesario poner término a sus actividades y disolver su personalidad jurídica”, dijeron desde el Ministerio de Justicia.
Durante el procedimiento, se detectaron irregularidades en los estatutos de la fundación, en el cumplimiento en el objeto social y en la administración del patrimonio fundacional en relación con el Código Civil, y en convenios celebrados con la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de la Región de Antofagasta”, detallaron.
“En particular el incumplimiento de sus estatutos, su objeto y patrimonio social, desnaturaliza los fines propios de la fundación, persiguiendo otros distintos a los consagrados en su objeto y a los propios de las entidades sin fines de lucro”, complementaron.
Denuncia en Biobío
En forma paralela, se conoció ayer la denuncia ante la Contraloría de la funcionaria Tamara Vidal del Gobierno Regional del Biobío quien reveló la existencia de antecedentes que evidencian que la Fundación Bonhomía fue presuntamente arrendada y que en 2022 recibió 356 millones de pesos por ejectuar el proyecto “Biobío vive sano”.
Según su abogada, Katherine Figueroa, en este caso “habrían hechos de la misma naturaleza que las otras fundaciones en términos de irregularidad”, como el caso de la cuestionada “En ti”, donde el encargado entregó un documento al GORE comunicando que el poder del organismo se traspasaba a otra persona para representarlo y ejecutar el proyecto, “por lo tanto las infracciones serían esencialmente las mismas”.
En la revisión de antecedentes que se realizó dentro del Gobierno del Biobío, se detectó la sobrevaloración de productos y la falta de evidencia de que se ejecutó el proyecto prometido efectivamente.
