El llamado del presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, a regularizar a los migrantes que ingresaron como turistas para poder integrarlos a las labores agrícolas, abrió un debate que se mueve entre dos aguas: la urgencia de asegurar mano de obra en el campo y la obligación de resguardar la dignidad y los derechos de quienes cruzan fronteras en busca de una oportunidad de trabajo. “No tenemos la fuerza laboral nacional para realizar todas las labores que demanda la agricultura”, sentenció quien fuera ministro de Agricultura de Piñera II. Solo la cosecha de cerezas requerirá esta temporada cerca de 250 mil personas. Una cifra imposible de cubrir solo con trabajadores nacionales, en un mercado laboral que desde hace años muestra desinterés por las faenas estacionales del campo.
La controversia surgió porque la propuesta de formalización choca de frente con un discurso político que ha endurecido posiciones en torno a la migración irregular. En los planes del Gobierno no está innovar en esta materia, mientras que candidaturas como las de Kast y Kaiser rechazan la idea, y desde la vereda de Evelyn Matthei primero hubo un respaldo que luego fue corregido por la propia abanderada.
En contraste, en el agro local la propuesta fue recibida con pragmatismo. Carlos González, presidente de la Asociación de Agricultores de Ñuble, aseguró que “el aporte de los trabajadores extranjeros es fundamental: sin ellos, gran parte de la fruta simplemente no se cosecharía. Además, desestimó la crítica de que se precariza el empleo, recordando que un cosechero de cereza puede recibir entre 50 y 100 mil pesos diarios, dependiendo de su rendimiento, y que estos contratos consideran seguridad social.
Sin embargo, reducir el debate solo a cifras económicas es insuficiente. Organizaciones no gubernamentales que protegen los derechos laborales han puesto sobre la mesa la otra cara de la moneda: prácticas discriminatorias, precarización de mujeres migrantes, intermediación abusiva de contratistas y condiciones de vida que, en muchos casos, no garantizan el mínimo de dignidad. La agricultura chilena, motor exportador y fuente de empleo para miles, no puede sostenerse en la contradicción de exigir productividad sin hacerse cargo de quienes sostienen esa cadena.
La discusión es incómoda, pero necesaria. Lo que Chile debe resolver no es si se necesitan o no trabajadores migrantes -eso está más que claro-, sino bajo qué condiciones se integran, con un modelo más justo, que reconozca tanto las necesidades del campo como la dignidad de las personas.
La migración no puede seguir tratándose solo como una “solución laboral” a la falta de interés local por las faenas agrícolas. Es un fenómeno humano, social y cultural que redefine comunidades.
En tiempos donde la política se inclina por los atajos discursivos, urge que la discusión se eleve. ¿Queremos un país capaz de sostener su agricultura con reglas claras, trabajo digno y respeto mutuo, o preferimos seguir atrapados en la contradicción de exigir más producción mientras cerramos los ojos a la realidad de quienes la hacen posible?
