“Detener las expulsiones masivas y garantizar el debido proceso de niños, niñas y adolescentes y la reunificación familiar”, son los ejes del proyecto de acuerdo recientemente fue aprobado por 20 votos a favor versus 12 votos en contra del Senado y que fue patrocinado por senadores de oposición.
En concreto, se solicitó al Presidente de la República que instruya al Ministro del Interior “detener las expulsiones masivas que han sido cuestionadas a nivel internacional, así como garantizar el debido proceso en el caso de que estas se efectúen con la observancia de los principios de interés superior del niño, niña y adolescente y reunificación familiar, o en el caso de que se trate de expulsiones de padres, madres o cuidadores o cuidadoras, y, en particular, revisar la situación de los migrantes venezolanos, verificando el cumplimiento del principio de protección complementaria”.
Los autores hicieron presente que “durante los últimos meses hemos visto cómo el Gobierno ha realizado expulsiones masivas de personas migrantes con el pretexto de ‘ordenar la casa’ en materia migratoria, expulsiones que han sido rechazadas por organismos internacionales”.
“La Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Oficina Nacional en Chile de la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), la Misión en Chile de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Chile, señalan la importancia de que las medidas adoptadas se adecúen al derecho internacional de los derechos humanos y derecho internacional de los refugiados. En el contexto de la pandemia por COVID 19, un grupo de Expertos de Naciones Unidas y el Comité sobre Trabajadores Migratorios de la ONU ya han realizado un llamado a los Estados a considerar la suspensión temporal de las deportaciones o retornos forzados de migrantes”, agrega el documento.
Estas expulsiones masivas, agregan los autores del proyecto de acuerdo, “violan los derechos humanos de los inmigrantes, que en algunos casos han sido revocadas por los mismos tribunales, al acoger recursos de amparo presentados por los afectados y distintos organismos como el Servicio Jesuita a Migrantes, y las clínicas jurídicas de distintas universidades”.
Además, indican que el presidente de la Corte Suprema ha manifestado que las expulsiones masivas de migrantes son “medidas prohibidas por el derecho internacional”. Dicha situación se ha traducido en la crítica del Ejecutivo respecto de las sentencias del Poder Judicial, lo cual raya en la intromisión en las decisiones de otro poder del Estado, cuestión que lamentablemente al Gobierno parece no importarle.
“Como legisladores nos preocupa no solo el cumplimiento de la legislación y la imagen de Chile; sobre todo, nos interesa cuidar los derechos de quienes han venido a Chile con la intención de salir adelante o huyendo de situaciones precarias y de crisis. Nos inquieta que estas personas se enfrenten a una nueva separación de las familias debido a la conducta de este Gobierno, y en especial, nos alerta de qué manera esta expulsión puede afectar a niñas y niños y adolescentes”, recalcan.
