Ante el Comité para la Desaparición Forzada de la ONU (CED), México reconoció que el país enfrenta una crisis humanitaria por la desapariciones forzadas, al acumular más de 94.000 personas no localizadas.
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaria de Gobernación, expresó que “esta es la herencia más dolorosa que está enfrentando el Gobierno de México y donde tenemos que hacer el mayor de los esfuerzos como prioridad del Estado mexicano”.
Durante su discurso, Encinas reiteró que la crisis de desapariciones que vive actualmente el país, se deriva de la guerra sucia y de la “mal llamada guerra contra el narcotráfico”, la cual se declaró en la gestión del presidente Felipe Calderón (2006-2012).
Afirmó que pese a que en noviembre del 2017 se aprobó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, estos mecanismos han sido inoperantes.
“Lo cierto es que no había una implementación; no había registro de personas desaparecidas; no había protocolos para la búsqueda y sólo ocho comisiones estatales operaban en condiciones muy precarias“, precisó.
Además, aseguró que el Gobierno el presidente, Andrés Manuel López Obrador, el 1 de diciembre de 2018, se han enviado “señales muy claras” para atender esta problemática.
Afirmó que hasta antes de esa fecha el Estado mexicano “abdicó” de sus responsabilidades en materia de desaparición y delegó la búsqueda de las personas desaparecidas a los familiares de las víctimas.
Sin embargo, destacó que el actual Gobierno ha dado un viraje en el abordaje de la problemática, como la emisión de un decreto para diseñar una estrategia para el esclarecimiento de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa y recientemente la creación de la Comisión de la Verdad relacionada con la Guerra Sucia que hubo en México entre 1965 y 1990, informó radio Cooperativa.
