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Preocupa cada vez más el número de delitos cometidos por niños, niñas y jóvenes menores de 18 años, quienes -en muchos casos- resultan de difícil recuperación para la sociedad. Tráfico de drogas, robo de vehículos y asaltos, muchas veces en banda y con armas de fuego, con grados de violencia y alevosía crecientes,
En efecto, la participación de menores de edad en delitos de mayor connotación social es una de las más graves consecuencias de la consolidación del crimen organizado en el país, fenómeno que se ha ido marcando con cada vez más fuerza desde el periodo de la crisis sanitaria del coronavirus, que generó una especialización de delitos, mayor organización de bandas e incrementó la cesantía y la deserción escolar.
En lo que a investigaciones judiciales respecta, cifras de la Fiscalía Regional de Ñuble dan cuenta que entre enero y junio de 2023 se investigó por delitos a un total de 581 adolescentes, lo que significa un promedio de 3,1 casos al día. De ellos, 265 tenían entre 14 y 15 años, mientras que los otros 316 tenían entre 16 y 17 años. En el primer semestre de 2024, los casos aumentaron, pasando a 661 formalizados, de los que 291 tienen entre 14 y 15 años, y los otros 370 entre 16 y 17 años. Lo anterior, representa un alza interanual del 13,77% y un promedio de 3,6 formalizaciones diarias en la región de Ñuble.
En un reportaje publicado en la Edición Domingo, funcionarios policiales y de la justicia, lo mismo que profesionales que trabajan en apoyo terapéutico de menores privados de libertad, coinciden que a diferencia de 10 atrás, hoy los robos en supermercados y lanzazos son una rareza, no así las encerronas, robos con violencia o tráfico de drogas, que le dejan a los delincuentes juveniles muchísimo más dinero. Se estima que cada escolar vinculado a bandas de narcotraficantes pueden ganar con facilidad un promedio de entre $50 y 100 mil diarios, solo por cumplir con entregas y vigilancia. Por tal razón, para el Estado es muy difícil encontrar estímulos que los motive para abandonar ese círculo.
Según estudios recientes, la tasa de reincidencia penal en menores de edad da cuenta de que cerca de un 50% de los menores que han pasado por el circuito judicial juvenil, ha vuelto a cometer delitos. Igualmente, los reportes oficiales, como las investigaciones de centros de estudios y universidades, demuestran que existe un paulatino aumento en esta tasa, totalizando en los últimos 5 años más de 30.000 casos.
¿Tiene algún sentido analizar tales datos? La respuesta es afirmativa y el sentido es el único que puede aceptarse: el destinado a tomar como base esas circunstancias para la planificación de políticas de educación, integración y prevención.
El sistema judicial de menores trata diariamente con las más crudas realidades sociales que afectan a adolescentes y niños, pero con muy escaso reconocimiento social y apoyo institucional. La imagen que presenta esta situación recuerda la de una alarma, que suena desde hace mucho tiempo sin que nadie le preste atención, a pesar del estado de emergencia en que se encuentra.
