La productividad como problema público, y por ende factible de abordar desde lo político, es un tema que rara vez aparece en la agenda mediática, siendo utilizado en mayor o menor grado por todos los sectores como elemento programático que rara vez se cumple.
Pero ante cualquier intento retórico, si se va a hablar de productividad, es mejor partir por el dato duro. Y ese nos revela que desde hace mucho tiempo la productividad de la economía chilena no crece. El último informe de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) revela que la productividad total de factores (PTF) se contrajo entre 2% y 2,4% el año pasado, pero peor fue el 2022, ya que la baja osciló entre 3,4% y 3,6%.
El reporte del organismo señala que el resultado refleja la tendencia al estancamiento de la PTF en los últimos 15 años.
Esta situación ha generado sospechas de que Chile ha entrado en la llamada “trampa de los ingresos medios”, concepto que alude al fenómeno de estancamiento permanente observado en muchos países en vías de desarrollo, los cuales quedan a medio camino entre la pobreza y la prosperidad.
En consecuencia, la productividad -o mejor dicho la baja productividad- es un problema que debe ser abordado prontamente, como lo planteó la mesa de expertos que asesoró a los legisladores en el diseño de la Ley de las 40 horas, donde se advirtió que la única forma de aminorar los efectos indeseados de la iniciativa que entró en vigencia ayer, como suelen ser la reducción de salarios o de trabajadores, es elevar los niveles de productividad y adecuar los procesos productivos, asumiendo eso sí que la productividad es un proceso de largo aliento que involucra mejorar la coordinación entre el sector público y las empresas y sobre todo la creación y transmisión del conocimiento, principalmente a las pequeñas y medianas empresas.
Lo cierto es que diversos países que han pasado este tránsito, han demostrado que sí se puede trabajar menos horas y aumentar la productividad, como es el caso de Islandia, Irlanda, Bélgica, Suiza, entre otros. Un factor común entre todos ellos es una robusta inversión en investigación y desarrollo (I+D), tanto del sector público como del privado -todo lo contrario a nuestro país, donde es muy baja- al igual que un esfuerzo por la formación de más y mejor capital humano, preparado para absorber las nuevas tecnologías. Por último, se requiere atender la inversión en infraestructura pública y privada en telecomunicaciones, que también contribuye a una mayor productividad.
La reflexión que hoy proponemos, a propósito de la entrada en vigencia de la Ley de 40 horas, es que una reducción de la jornada laboral y la incorporación de tecnología de forma ágil y escalable, pueden ser una oportunidad no solo para entregar mayor bienestar a trabajadores y trabajadoras, sino también para ser más productivos.
