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En medio de una profunda crisis de seguridad a la que se sumó en los últimos días un golpe climático que llevó al país a un riguroso racionamiento de energía, los ecuatorianos aprobaron ayer en un referéndum una batería de reformas del gobierno de Daniel Noboa que lo habilitan a impulsar leyes más duras contra la violencia del crimen organizado y le insufla oxígeno político a su imagen y gestión.
Nueve de las once preguntas planteadas en la consulta popular habrían sido aceptadas por la ciudadanía en las votaciones de este domingo, según el exit poll de la empresa Infinity Estrategas, habilitada por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Los puntos que recibieron el mayor porcentaje de “Sí” fueron aquellos que se referían a la seguridad, como la colaboración complementaria de las Fuerzas Armadas con la Policía, la extradición de ecuatorianos hacia el exterior, el control de armas en las vías y rutas de acceso a las cárceles y el endurecimiento de penas para diez delitos vinculados al crimen organizado y narcotráfico.
Al aprobarse cinco de las medida previstas, Noboa podrá modificar la Constitución. La extradición de ecuatorianos es la punta de lanza del referendo, ya que la Carta Magna la prohíbe.
Anteriormente, la población ya había sido consultada sobre este asunto, en febrero de 2023, antes del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, y el No se impuso con 52%.
Las dos preguntas que no fueron apoyadas por los ecuatorianos están vinculadas en parte a cambios económicos que Noboa quería hacer, como permitir que los trabajadores sean contratados por horas y el arbitraje internacional para resolver controversias.
