Es un hecho indesmentible que existe un serio problema de escasez hídrica en la región de Ñuble, que está afectando tanto el desarrollo de la agricultura como la disponibilidad de agua para consumo humano.
El déficit de cobertura de nieve en la cordillera se ubica entre 45% y 55% respecto al promedio histórico de los últimos 30 años, números que tienen muy preocupados a los agricultores. Una peor situación enfrentan las regiones de la zona central, donde el déficit llega al 100% y está creciendo la inquietud por el suministro de agua potable en Santiago.
Según los expertos, estamos viviendo los efectos de un fenómeno donde se combina la variabilidad climática y el cambio climático y se prolonga desde 2007, o sea a un paso de cumplir 15 años de sequía. Un desastre.
Pues si bien se ha logrado aumentar la cobertura de distribución de agua en las localidades rurales, el efecto prolongado de la sequía en miles de pequeños agricultores es enorme y difícil de cuantificar. En una década, hemos visto cómo huertas y viñedos del secano que antes eran productivos, hoy están secos, y aunque muchos de esos propietarios afectados han accedido a la asistencialidad del Estado, ello no les ha permitido recuperar el agua que antaño disfrutaron.
Se sabía que este año sería igual de crítico, indicadores y reportes de universidades y servicios del agro así lo han confirmado, por lo que la tardanza en las medidas de apoyo le valieron algunas críticas al Gobierno, que finalmente incluyó a la totalidad de las comunas de Ñuble en el decreto de Emergencia Agrícola, medida que fue anunciada el martes por la ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga, durante una visita a la región. La medida consiste en un fondo de emergencia regional para la sequía por un total de 8 mil millones de pesos, que se “complementarán” con recursos del gobierno regional y otras medidas del plan nacional para enfrentar la sequía. El anuncio es una buena noticia, pero aún falta conocer más detalles, sobre todo respecto a la forma en que se distribuirá la ayuda, a través de la Comisión Nacional de Riego (CNR) y el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap). La información debe ser clara y llegar a todos los agricultores. En eso hay que poner mucha atención.
Es también conveniente tener en cuenta que no debe ocurrir lo mismo que ha pasado en circunstancias similares –como la reconstrucción post terremoto o las ayudas tras los megaincendios, específicamente en lo relativo a la lentitud en la entrega de soluciones así como en la falta de prolijidad de los entes públicos que deben administrar la ayuda, para evitar que aparezcan beneficiarios de papel dispuestos a profitar del Estado.
Por último, sin desmerecer el positivo propósito del decreto de Emergencia Agrícola, no se debe olvidar que es muy importante seguir avanzando en soluciones definitivas, que son de más largo aliento, como la inversión en embalses y acumuladores de agua, el mejoramiento de la eficiencia de los sistemas de riego, la generación de mayor información sobre los acuíferos subterráneos y su modo de recarga, y la adopción de políticas de fomento al agro, tal como las tuvo en su momento la industria forestal.
