Señor Director:
A propósito de los avances en el acuerdo político que pretende resolver la discordia constitucional, parecieran ir quedando más dudas que certezas: ¿Por qué el Congreso no tendría la legitimidad de resolverla directamente en vez de recurrir a un nuevo órgano? ¿O es un mero problema de voluntad para asumir una prerrogativa que, por alguna razón, se cree tácitamente derogada? ¿Acaso una propuesta de nueva Constitución hecha en sede legislativa, plebiscitada con inscripción automática y voto obligatorio, aprobada por 8,9 o 10 millones de chilenos podría ser considerada ilegítima o insuficientemente democrática para resolver la cuestión constitucional?
Y si fuese verdad que nuestro Congreso no tiene legitimidad para hacer una nueva y buena Constitución, ¿por qué sí la tendría para hacer nuevas y buenas leyes? ¿O por qué sí tendría legitimidad para posibilitar un nuevo proceso?
Entonces, ¿no sería mejor llamar a elecciones anticipadas y elegir a un Congreso Constituyente -una vez más, plenamente legítimo- pero que no pueda dudar de la autoridad para cumplir con su deber y de paso utilizar los recursos ya disponibles, la experiencia institucional acumulada y los funcionarios expertos que tiene el Parlamento?
Sean cuales sean las respuestas dé la clase política a estas preguntas, la mínima honestidad intelectual exige que sean consistentes y no acomodaticias. No se puede iniciar un proceso tan relevante -nuevamente- sin la reflexión debida sobre las consecuencias últimas de las tesis que lo sustentan.
Jorge Acosta
Instituto Res Publica