La polémica por el cierre del acceso al río Chillán, en el camino a Las Mariposas, reabrió durante el mes de enero el debate sobre el derecho de ingreso a ríos, lagos y playas en la Región de Ñuble. El caso, difundido a través de un video en redes sociales, muestra a visitantes reclamando su derecho a pasar por el pasaje El Roble, donde un portón instalado por propietarios de parcelas impide el tránsito hacia el afluente por una ruta históricamente usada para ese fin.
Los vecinos argumentan razones de seguridad y cuidado ambiental para restringir el acceso, mientras que los visitantes acusan vulneración de un derecho garantizado por ley. Según habitantes del sector, esta situación se estaría replicando en otros pasajes debido al crecimiento habitacional en la ribera.
Desde la Seremi de Bienes Nacionales confirmaron que han recibido denuncias por obstáculos en el acceso al río Chillán y que, junto al municipio, se evaluó fijar un ingreso peatonal por el antiguo Balneario Municipal. No obstante, el municipio descartó reabrir ese espacio por carecer de condiciones mínimas de seguridad y por la disminución del caudal.
“El Balneario Municipal no cuenta actualmente con las condiciones mínimas de seguridad, higiene ni comodidad necesarias para recibir a bañistas, razón por la cual el recinto no será habilitado para el desarrollo de actividades recreativas. Hace algunos años, el lecho del río Chillán sufrió graves daños producto de aluviones provenientes de la precordillera, lo que alteró significativamente el cauce y las condiciones naturales del sector. Trabajos posteriores de regantes y del Ministerio de Obras Públicas permitieron mejorar el cauce aguas arriba del lugar en el que se encontraba el balneario”, detallaron.
Ante la inexistencia de un acceso público formal, la autoridad de BB.NN. recordó que los propietarios de terrenos colindantes están obligados por ley a permitir el paso gratuito cuando no existan otras vías públicas. Sin embargo, los parceleros se resisten, argumentando problemas de basura, consumo de alcohol y drogas, además de hechos delictuales.
Según la autoridad, el problema está siendo abordado, aunque aún no hay solución concreta a la fecha.
¿Qué sucede con el resto de los accesos a estos bienes nacionales en Ñuble? ¿Hay denuncias? ¿Cuáles casos están resueltos y cuáles no?
Estas y otras consultas fueron realizadas La Discusión a la seremi del ramo. Lo claro, es que la situación del río Chillán no es aislada. En los últimos cinco años se han registrado en total 92 denuncias por cierres de accesos a playas de río y mar en Ñuble.
En detalle, 19 en el año 2022, 13 en 2023, 28 en 2024, 22 en 2025 y 10 en lo que va de 2026, a la fecha.
Las denuncias provienen de 14 comunas: Bulnes, Coelemu, El Carmen, Pinto, Quillón, San Carlos, San Fabián, San Ignacio, Yungay, Chillán, Chillán Viejo, Cobquecura, Coihueco y Ñiquén.
Las comunas con mayor número de reclamos son Pinto, San Ignacio, San Fabián y Quillón.
En Ñuble y en resto del país el acceso a ríos, lagos y playas es un derecho fundamental para todas las personas, ya que son bienes nacionales de uso público y no se puede impedir el acceso, independientemente de si son aptos para el baño o no, siendo los propietarios de terrenos colindantes obligados a facilitar el ingreso gratuito cuando no existan otras vías públicas, y enfrentando multas quienes obstaculicen este derecho.
Quienes impidan u obstaculicen el acceso se exponen a multas de hasta 100 UTM (más de $6 millones) y 200 UTM en caso de reincidencia.
Accesos fijados y en tramitación
A partir de las denuncias, la Seremi de Bienes Nacionales informó que en Ñuble se han fijado solo dos accesos públicos a ríos: el primero al río Itata en la comuna de Quillón, en el sector de Villa Las Mercedes, y el otro al río Cholguán en Yungay. Además, se encuentran en tramitación la fijación de otros dos accesos, uno al río Chillán en el Balneario Municipal, y al río Diguillín en la comuna de San Ignacio.
Si bien no hubo un pronunciamiento oficial del municipio de Quillón respecto al acceso fijado en el río Itata, fuentes cercanas recordaron que el afluente no es apto para el baño debido a fuertes corrientes, pozones y fondo fangoso. El sector de villa Mercedes, pese a ser concurrido, tampoco está habilitado con condiciones mínimas para espacio recreativo o balneario, por la naturaleza del río. A través del tiempo, se han registrado varios casos de fallecidos por inmersión. Sin embargo, independiente de su condición, como menciona la ley, el acceso fue determinado como público.
La Discusión realizó consultas a las comunas de Yungay, San Ignacio y San Fabián, no obstante, no hubo respuesta.
Fiscalización y malentendidos
El seremi de Bienes Nacionales, Rodrigo Baeza, explicó que se ha reforzado la fiscalización en la región, lo que ha permitido dar mayor celeridad a la atención de denuncias.
“En la mayoría de los casos se ha verificado que existen accesos públicos habilitados en sectores cercanos, y que muchos reclamos responden a cobros por servicios asociados, como estacionamientos o áreas de camping, y no a restricciones al libre acceso”, señaló.
Agregó que muchos cierres obedecen a razones de orden, seguridad e higiene, y que al fijar accesos se busca generar el menor impacto posible en los propietarios ribereños, incorporando señalética para fomentar el buen uso de estos espacios.
“Cuando fijamos un acceso, procuramos generar el menor impacto posible al propietario ribereño e incorporamos señalética que contribuya a la educación y buen uso por parte de vecinos y vecinas. Este es un trabajo que además requiere coordinación con los municipios, que son quienes administran los bienes nacionales de uso público en cada comuna”, dijo.
Desde la Seremi detallaron que en Ñuble gran parte de las denuncias han sido desestimadas tras constatar la existencia de accesos alternativos cercanos. Asimismo, aclararon que los cobros suelen corresponder a servicios como camping o estacionamiento en terrenos privados y no al ingreso en sí.
Por la Ley de traspaso de competencias, el Ministerio de Bienes Nacionales traspasó en Ñuble la fijación de accesos públicos a playas de ríos, lagos y mar, sin embargo, todo el proceso lo ejecuta Bienes Nacionales, desde las fiscalizaciones, hasta los decretos para fijación, el Gobierno Regional solo firma la resolución final.
Procedimiento de denuncia
Las denuncias son admisibles cuando se presenten las siguientes situaciones: Acceso cerrado, cobro por acceso, control por acceso, mala condición del camino de acceso, Sin acceso, Un tercero impide el acceso. Este reclamo puede ser presentado por personas naturales y/o jurídicas que se sientan vulneradas en su derecho de acceder a playas de mar, ríos o lagos, con fines turísticos y/o de pesca, cuando no existan otros accesos cercanos.
Aquellas que no son admisibles para playas son aquellas relacionadas con cobro por estacionamiento, construcción en la playa, ingreso de automóvil en la playa, ruidos molestos (fiestas) y basura en la playa.
Desde la Seremi de Bienes Nacionales enfatizaron que las situaciones que correspondan a la comisión de faltas, delitos o incivilidades en los accesos no son de competencia de la entidad.
“Estos hechos podrán ser denunciados antes las policías o instituciones competentes para su investigación y sanción en los casos que corresponda”, dijo.
Los antecedentes se deben ingresar mediante un formulario y la solicitud llegará a la Secretaría Regional Ministerial. Los funcionarios fiscalizarán en terreno y analizarán si es que existe o no algún acceso habilitado, de no existir, se puede fijar, llegando a acuerdo con el dueño del terreno, si es que es de un privado.
Cuando un acceso ya fue fijado a través de una resolución, el dueño del terreno está obligado a cumplir con la normativa, no puede cerrar este camino ni impedir el paso o cobrar por ello. En esos casos, se expone a multas que pueden llegar a las 100 UTM –más de $6 millones– y de 200 UTM en caso de reincidencia.
