La cantidad de viviendas que necesitan reparaciones en la Región de Ñuble es sumamente elevada según antecedentes que manejan la Seremi de Vivienda y Urbanismo y la Cámara Chilena de la Construcción, así como municipalidades.
Las cifras pueden variar de una entidad a otra, pero lo cierto es que se trata de una cifra bastante alta. De acuerdo a la entidad gremial, “una de cada 10 familias propietarias de un inmueble en Ñuble, poseen una vivienda altamente deteriorada”.
Desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el seremi Carlos Urrestarazu, planteó que los datos que ellos manejan dan cuenta que en el territorio las casas que están averiadas llegan a 46.693 unidades.
La autoridad, indicó que las soluciones a este problema se encaminan a través de un vasto plan de mejoramiento que está contenido en el Programa Hogar Mejor que viene a reforzar el sistema de Protección del Patrimonio Familiar (PPPF).
Desde el Colegio de Arquitectos, su presidente regional, Pedro Ramos, agregó que lamentablemente “las construcciones también tienen vida útil por tanto son afectadas por el desgaste propio en el tiempo y en su uso; utilización de las instalaciones sanitarias de agua, alcantarillado y eléctricas principalmente; luego en el deterioro de las terminaciones interiores como pinturas, desgaste de pisos, artefactos y así externamente por las inclemencias climáticas que afectan cubiertas, hojalatería, filtraciones y todo su exterior que pueden incluso afectar definitivamente la estabilidad estructural de las viviendas”.
Para la entidad “es importante continuar con los programas y alternativas estatales de mejoras a las viviendas tanto de ampliación, cambio y reparación de terminaciones por desgaste propio de las viviendas, como mejoras térmicas, principalmente para los núcleos familiares vulnerables de la Región de Ñuble y que permitan adecuarse a las nuevas exigencias normativas, las que inicialmente no fueron pensadas para cumplir con estos estándares que exigen las nuevas leyes como es el PDA Decreto 48 (Plan de Descontaminación Atmosférica)”.
A nivel de municipios, la encargada de la entidad patrocinante municipal de Bulnes ex Egis, Susana Anabalón, mencionó que en la comuna existen muchas viviendas antiguas deterioradas e incluso “en condiciones de inhabitabilidad”.
Para responder a las familias que tienen problemas para llevar una vida digna y en condiciones de confort, agregó la profesional, trabajan con subsidios que entrega el Minvu para construir en sitio propio.
El alcalde de Pinto, Manuel Guzmán, reconoció igualmente que existe conciencia de la necesidad de mejorar muchas viviendas sobre todo rurales y para ello trabajan en atraer subsidios del Minvu orientados a construir en sitio propio.
El contratista, Juan Altamirano Mora, de la empresa Canaan Arquitectura y Construcción, confirmó que “en la zona existen muchas necesidades y hay planes que permiten a las personas y familias reparar sus casas y además generar entornos más confortables e incluso sellarlas para inclemencias climáticas o la polución”.
En ese sentido, dijo que en la actualidad hay muchas empresas que se han especializado en este rubro, dada la cantidad de viviendas antiguas e incluso hay proyectos de recuperación de adobe en desarrollo, en especial en áreas rurales.
Déficit de viviendas
Un tema igualmente relevante es el del déficit de viviendas en la región que tiene tasas elevadas. La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) a través de la Gerencia de Estudios en el trabajo: “Balance de Vivienda y entorno Urbano 2019”, análisis realizado a partir de los datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica, Casen 2017, del Ministerio de Desarrollo Social, determinó que, en la Región de Ñuble 6.484 familias viven de allegadas y requieren de una solución habitacional.
La entidad, determinó que el estudio definió una serie de iniciativas que contribuirían a acelerar la reducción del déficit habitacional, tales como generar una planificación integrada y a largo plazo para anticipar las dinámicas del desarrollo urbano y satisfacer las necesidades de suelo para una adecuada oferta habitacional o desarrollar procesos integrales de densificación, especialmente en torno a infraestructura pública de alto estándar.
Además, proponen impulsar una potente política de arriendos sociales, que involucre la participación del sector público y privado; mejorar las condiciones de los barrios del país, considerando que actualmente tres millones de personas viven en barrios críticos o garantizar la certeza jurídica que otorgan anteproyectos y permisos de construcción, de manera de no generar barreras injustificadas para la oferta de nuevas viviendas.