Un total de 2 mil 111 empresas de la región se han acogido a la Ley de Protección del Empleo, solicitando la suspensión temporal de contratos ante la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC), lo que representa un 6,3% de las empresas que existen en Ñuble.
Así lo informó la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, quien ayer entregó el primer balance desagregado por regiones de la mencionada Ley, con datos al 23 de abril.
Según detalló, a nivel país, ya son 66.573 las empresas que han decidido mantener la relación con sus trabajadores y optar por la suspensión de contratos en vez de los despidos, lo que implica que 516.826 trabajadores podrán acceder a las prestaciones del Seguro de Cesantía, sin perder los beneficios de la relación laboral, tales como antigüedad y derecho a vacaciones. En el caso de la región de Ñuble, se trata de 11 mil 379 trabajadores.
Según se indicó, mil empresas de la región (47,3%) se acogieron a la Ley porque fueron afectadas por acto de la autoridad, como la cuarentena en Chillán y Chillán Viejo o la prohibición de funcionamiento de restaurantes, bares, discotecas, cines, teatros, casinos de juego y centros de entretención en general, lo que abarcó a 6 mil 602 trabajadores de Ñuble. En tanto, 1.087 empresas (52,7%) pactaron un acuerdo de suspensión de contrato con sus 4 mil 777 trabajadores.
La ministra precisó que estas solicitudes se concentraron mayoritariamente en las micro y pequeñas empresas, que con 61.510, abarcan el 92,4% del total, mientras que las medianas, con 2 mil 271 solicitudes representaron el 3,4%. Las grandes empresas totalizan 875 solicitudes, es decir, el 1,3% del total.
Respecto de los trabajadores acogidos a la Ley, el 54,0% pertenece a las empresas pequeñas y medianas. En tanto, el 29,3% son de las grandes empresas.
Certeza jurídica
La seremi del Trabajo en Ñuble, Yeniffer Ferrada, sostuvo que “el espíritu neurálgico de la Ley es generar las condiciones para conservar la mayoría de las fuentes laborales que existían hasta antes de la pandemia y, en esta época de excepción, asegurar buena parte de los salarios de los trabajadores. Por supuesto que no es la solución final a toda la problemática que acarrea esta emergencia, pero se hacía necesaria una norma que diera certeza jurídica ante un fenómeno del que ningún país del mundo ha quedado exento”.
Agregó que “considerando que la zona estuvo con medidas de aislamiento muy estrictas, entendemos que muchos empleadores se han visto en la necesidad de acoger a los trabajadores a esta ley”.
Respecto de las críticas al uso de esta ley por parte de grandes empresas, Ferrada afirmó que “en el Gobierno somos muy claros en decir que aquellas empresas que no lo necesiten, ya sea por poseer una espalda importante o porque no se vieron imposibilitadas de funcionar en ese tiempo, deberán responder ante las instancias correspondientes y tendrán sanciones acordes. Además, quedarán en el registro público de la misma”.
